Así lo expone en la Memoria de Análisis del impacto del decreto ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que también se justifica el rechazo a la vía concursal para abordar este problema porque "una reforma de ese alcance debería ser tramitada en un procedimiento legislativo ordinario que pondere adecuadamente las múltiples implicaciones que pudiera tener".

En el documento, que analiza también el código de buenas prácticas presentado por el Ministerio de Economía para incentivar la renegociación de las deudas hipotecarias por parte de las entidades financieras e incluso la dación en pago, el Ejecutivo justifica la elección de la figura del real decreto ley por la urgencia de la situación, que exigía que "la intervención pública no pudiera demorarse más".

Efecto presupuestario "nulo"

Además, se asegura que la norma tendrá un impacto económico positivo, al beneficiar a "deudores hipotecarios en un escenario de solvencia más débil", además de social, y destaca que "esta intervención se realiza además sin deteriorar los elementos fundamentales de la garantía hipotecaria sobre cuya seguridad y solvencia se viene asentando históricamente el sistema hipotecario y financiero" español.

Frente a estos beneficios, en la memoria se asegura que no hay efectos perniciosos en la competencia del mercado ni en las cargas administrativas, y que su impacto presupuestario es nulo porque "se traslada la carga fiscal del deudor a la entidad adquiriente" de la vivienda.