Así, la dación en pago se permitirá a las familias en paro con viviendas por valor de hasta 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes, y de hasta 180.000 euros en núcleos de población de más de medio millón de habitantes. El umbral se fija en un valor máximo de 150.000 euros en las poblaciones de más de 100.000 personas y de hasta 120.000 euros en las de menos de esta densidad.

Esta medida se incluye en un código de buenas prácticas para evitar el impacto social de los desahucios que también busca permitir la dación en pago a familias que no puedan afrontar el pago de la hipoteca con el 60% de todos sus ingresos.

Antes de llegar a este punto, los bancos podrán negociar con sus clientes una reestructuración del pago de la hipoteca estableciendo un periodo de carencia en el pago del capital de hasta cuatro años y una ampliación del plazo del préstamo hasta 40 años. En caso de que el deudor no pueda hacer frente a sus obligaciones de pago con estas facilidades, se prevé una quita de parte de la deuda en una segunda fase, y si aún así es inviable hacer frente a la hipoteca, se prevé la entrega de las llaves de la vivienda.

Una vez llevada a cabo la dación en pago, se contempla que el antiguo propietario permanezca en la vivienda en régimen de alquiler durante dos años prorrogables. La renta que deberá pagar resultará de aplicar a la deuda restante un porcentaje de un 2%.

Acogida voluntaria

Los bancos se pueden acoger a este código de forma voluntaria, si bien una vez aceptadas las condiciones promovidas por el Gobierno su carácter será obligatorio durante al menos dos años y los hipotecados podrán recurrir a los tribunales para su cumplimiento. La mayoría de las entidades han anunciado ya que suscriben este documento y que, por tanto, ofrecerán la posibilidad de acogerse a la dación en pago.

A cambio, se les ofrecen incentivos fiscales como bonificaciones en la novación de la hipoteca para los casos de reestructuración de la deuda y en las escrituras.

Diversas formaciones de la oposición han expresado ya su rechazo a este decreto, criticando la voluntariedad de adherirse a la medida y reclamando una regulación más potente que permita solucionar la situación que sufren miles de familias españolas y también prevenir que se repita en el futuro.

En cualquier caso, las críticas de grupos como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) no se escucharán este jueves en la Cámara baja al coincidir el debate con la huelga general contra la reforma laboral que los diputados de esta formación ya han dicho que secundarán.