La petición de retirada de la iniciativa ciudadana fue presentada por uno de los promotores de la ILP al considerar que la redacción final que propuso el PP, fusionando también el proyecto de ley derivado del decreto ley del Gobierno, dejó desnaturalizada la propuesta de la dación en pago con carácter general y retroactivo.

Según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso ha optado este martes por rechazar la petición esgrimiendo un informe de los letrados de la Cámara que señala que ninguna ley contempla la posibilidad de retirar una iniciativa ciudadana tomada en consideración por el Congreso.

De entrada se entiende que la comisión promotora no es dueña de la iniciativa pues sólo es responsable de la recogida de firmas. Es decir, que una vez que la ILP se presenta en el Congreso, ya no está legitimada para tomar la decisión de retirarla, que correspondería a los firmantes.

Es decir, que sólo en el hipotético caso de que los más de 1,4 millones de ciudadanos de toda España que prestaron su firma a la ILP pidieran formalmente la retirada, el Congreso podría debatir esa posibilidad.

Pero si además, como es el caso, la iniciativa es tomada en consideración por el Pleno del Congreso, la retirada es aún más complicada porque supondría revocar una decisión del Parlamento. Y si acaba siendo aprobada y remitida al Senado, aunque sea con otra redacción fruto de enmiendas de los grupos parlamentarios, la petición de retirada se convierte en un imposible.