El órgano de gobierno de la Cámara Baja ha encargado un nuevo estudio jurídico sobre el tema porque con los datos de los que disponía hasta ahora no veía "elementos suficientes para emitir un veredicto".

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que en los últimos días se han registrado dos iniciativas legislativas populares sobre esta cuestión. Una de ellas es la de las asociaciones catalanas, que fue registrada en una oficina de Correos de Girona, mientras que la otra se presentó directamente en el registro de la Cámara.

La ley que regula este tipo de iniciativas populares establece que no pueden tramitarse dos ILP que versen sobre el mismo asunto y que, si se registra más de una sobre el mismo tema, debe darse prevalencia a la primera. Por eso, la Mesa del Congreso ha pedido un nuevo informe disipar cualquier duda sobre cuál de las dos se registró antes.

La ILP impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Observatorio DESC, las asociaciones de vecinos catalanas, la Taula del Tercer Sector Social, la Unió de Consumidors de Catalunya, CC.OO. y UGT también pide crear un alquiler social adaptado a quienes no pueden afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual.

500.000 FIRMAS

Pese a que la ILP todavía no ha sido calificada por la Mesa del Congreso, las entidades implicadas iniciarán la recogida de firmas en septiembre –necesitan 500.000– para no retrasar más "un debate que es muy urgente para la ciudadanía y del que depende el futuro de miles de familias".

La propuesta fue presentada por tercera vez ante el Congreso el 8 de julio, después de que se retirase la anterior ILP que pedía la dación en pago impulsada por miembros del partido valenciano Verdes Ecopacifistas y por la que el Congreso rechazó la ILP de origen catalán cuando fue presentada en marzo y abril.

VIGENTE PARA LA NUEVA LEGISLATURA

Según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desde 2007 hasta el primer trimestre de 2011 se han producido 300.000 ejecuciones hipotecarias en España, y Cataluña es la autonomía más afectada, con más de 52.000.

En el caso de que a la vuelta del verano la Mesa del Congreso califique alguna de las dos ILP sobre la dación en pago, se abriría un plazo para que sus promotores recabasen el medio millón de firmas necesario para que el tema sea debatido por sus señorías. Si este trámite se cumplimentara después de la disolución de las Cortes, la iniciativa se mantendría viva para la nueva legislatura y sus promotores podrían intervenir en su defensa en el Congreso.