Esta iniciativa, que los nacionalistas catalanes ya pusieron sobre la mesa durante el debate de la Ley Antidesahucios y que también han recuperado como enmienda al proyecto de ley de Rehabilitación que se está tramitando en la Cámara Baja, responde a la alta morosidad que sufren las comunidades de vecinos, causada en gran medida por los incumplimientos de las entidades financieras.

De hecho, según datos del Consejo General de Administradores de Fincas, las deudas que soportan las comunidades de propietarios ascendieron a 1.606 millones de euros el pasado año, de los cuales 256 millones corresponden a impagos relacionados con pisos en propiedad de las entidades bancarias.

Con deuda no hay registro

Ante esta situación, CiU propone modificar la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil de tal manera que se prohíba la inscripción de la escritura mientras no se hayan cancelado las deudas pendientes, "incluyendo el testimonio de pago de los gastos de comunidad".

De hecho, la normativa vigente de Propiedad Horizontal ya obliga al adjudicatario de una vivienda a responsabilizarse de las deudas con la comunidad, que además gozan de prerrogativas en el cobro. Sin embargo, en muchos casos los bancos sólo satisfacen la deuda cuando se inicia un proceso judicial, que conlleva un coste para los vecinos, por lo que a juicio de CiU hacen falta medidas que obliguen a las entidades.

La portavoz de Vivienda de CiU en la Cámara Baja, Lourdes Ciuró, espera que el PP "se avenga a aceptar esta iniciativa", porque se trata de un problema importante ya que "amenaza la viabilidad y el buen estado" de los inmuebles además de la propia convivencia vecinal.