El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha sido el encargado de defender este decreto, cuyo objetivo es "paliar la situación alarmante que sufren los colectivos más afectados por la crisis económica" y que corren el riesgo de caer en exclusión social, tratando de evitar la pérdida de la vivienda habitual. Tras calificar de "insuficientes" las medidas adoptadas hasta ahora, De Guindos ha asegurado que el Gobierno "quiere ofrecer soluciones rápidas y eficientes", garantizando no obstante el "equilibrio" entre las nuevas posibilidades que se ofrecen a los deudores y los derechos de bancos y cajas.

En este sentido, ha contestado a las críticas de la oposición por la voluntariedad de las medidas incluidas en el decreto argumentando que "una imposición directa hubiera constituido una vulneración del principio de no retroactividad".

"A menudo se habla de la dación en pago como la solución mágica de los desahucios, pero lo que se pretende evitar es que las familias tengan que entregar las viviendas, sin que la generalización de este medio puede suponer una merma en el sistema de garantías, que podría llevar a una reducción a futuro de la concesión de crédito", ha resumido.

Condiciones muy restrictivas

El PNV ha apoyado la medida a pesar de calificarla de "tímida" y de reconocer que adolece de "grandes debilidades", fundamentalmente por las "restricciones" para acceder a las condiciones que incluye el código de buenas prácticas, además de reprochar al Gobierno que "no tenga en cuenta la realidad del país" y no haya recogido explícitamente la participación de las haciendas forales de País Vasco y Navarra.

Sin embargo, el diputado vasco Pedro Azpiazu ha justificado su voto a favor en que "más vale algo que nada" y en que "es un paso favorable, aunque sea muy restrictivo", si bien ha alertado de que esta medida puede "paralizar las cuentas de resultados de las entidades financieras" y, con ello, provocar una subida de los préstamos hipotecarios o una reducción de los créditos.

Por todo ello, el PNV ha solicitado que la medida se tramite como proyecto de ley, aprovechando la ocasión para criticar al Gobierno que esté "convirtiendo en habitual" el recurso "excepcional" del decreto de ley, que "impide el debate y la mejora, que en este caso podría haber sido sustancial".

Dos años y medio tarde

Los nacionalistas catalanes también han votado a favor de la convalidación, alegrándose de que "por fin lleguen las primeras medidas" para atajar esta situación, que CiU ya reclamó "hace dos años y medio", tal y como ha recordado el diputado Pere Macías.

Asimismo, ha coincidido con las bondades de tramitar la norma como proyecto de ley para mejorar algunos aspectos como los rangos de precios de las viviendas que se pueden acoger a la medida para tener en cuentas las diferencias territoriales, y ha pedido al Gobierno que aproveche otras legislación como la Concursal para mejorar la efectividad de este tipo de iniciativas, además de exigir que se tramite "cuanto antes" la Ley de Endeudamiento Responsable para prevenir estas situaciones.

Por último, CiU ha reprochado a los socialistas la "incoherencia" de votar negativamente cuando "hace unos pocos meses no hicieron absolutamente nada" para solventar este problema y ha recordado a quienes piden una dación en pago más agresiva que eso supondría "un encarecimiento del crédito", lo que afectaría "no solo al 2 por ciento" de hipotecados que no pueden hacer frente a los pagos sino también al "98 por ciento restante" que sí lo hacen. "Hay que proteger a ese 2 por ciento, pero sin menoscabo del 98 por ciento restante", ha defendido.

En su intervención final, De Guindos ha agradecido a los nacionalistas su voto favorable y se ha comprometido a tener en cuenta en el futuro sus propuestas sobre otras normativas para evitar el endeudamiento privado. Sin embargo, el ‘popular’ Vicente Martínez-Pujalte ha justificado que la norma no se tramite como proyecto de ley en que los bancos necesitan conocer "claramente las condiciones" para adherirse al código de buenas prácticas.

Mucho humo y pocas nueces

El portavoz socialista de Economía, Valeriano Gómez, ha justificado su voto contrario en que el decreto "contiene mucho humo, desde luego mucho más que nueces", al dejar a la buena voluntad de los bancos la decisión de acogerse al código o no. "Puedo entender que las medidas (adoptadas por el Gobierno anterior) se consideren insuficientes, pero eran medidas exigibles y que a todos beneficiaban, y por ese camino es por el que hay que avanzar", ha exigido.

Además, ha tachado de "chocante" la opción elegida porque "implica reconocer que buena parte del sector no cumplía (esas buenas prácticas) y además, al ser voluntario, ¿qué añade? ¿Determinar lo bueno y lo que no es bueno?", reprochando que "para este viaje sobraban alforjas".

"Pero lo peor del decreto es constatar que son tantas las restricciones que imponen a los posibles afectados que no creemos que afecte a prácticamente nadie, no a más del 4 por ciento de los afectados", que superan las 400.000 familias, según ha asegurado el diputado socialista.

Norma "irrelevante"

UPyD tampoco ha respaldado el decreto, argumentando que su ámbito de aplicación es "insuficiente" y que la norma es "irrelevante" por su carácter voluntario y "complicada", con "hasta once variables" a tener en cuenta para poder acogerse a las medidas. "No es suficiente y no se llega al fondo de la cuestión", ha reprochado el diputado Carlos Martínez Gorriarán.

"Es una medida propagandística, no va al fondo de la cuestión sino que sólo intenta mostrar la preocupación del Gobierno y los desvelos que se toma. Pero si creen que son medidas necesarias deberían universalizarse y no crearse sólo para un grupo de deudores. O adoptamos ahora las medidas para que esto no se repita o estamos abocados a repetirlo, y la responsabilidad será de quienes han impedido esas medidas", ha acusado.

El diputado de la formación magenta también se ha quejado de la tramitación como decreto de ley y ha alertado de que su convalidación "obstaculizará la adopción de medidas legales más efectivas y adecuadas, además de que no resolverá el problema en un tiempo razonable".

La posición de las formaciones más contrarias al decreto ley –la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC o el BNG– no se han expresado en el Pleno del Congreso de este jueves al haber secundado los diputados de estos partidos la huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral.

Decreto de protección de deudores hipotecarios

El decreto ley de protección a deudores hipotecarios incluye un código de buenas prácticas voluntario para las entidades bancarias, que deberán cumplirlo obligatoriamente durante dos años una vez firmado y les otorgará ciertos beneficios fiscales. Así, tendrán obligación de negociar una reestructuración del pago de la hipoteca con un periodo de carencia de hasta cuatro años y una ampliación del plazo de préstamo hasta 40 años.

En caso de que el deudor no pueda hacer frente a sus obligaciones de pago con estas facilidades, se prevé una quita de parte de la deuda en una segunda fase, y si aún así es inviable hacer frente a la hipoteca, se prevé la entrega de las llaves de la vivienda como medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria con ciertas condiciones.