Tras admitir por unanimidad a trámite la iniciativa popular, PP y PSOE acordaron acelerar los plazos para poder fundir el texto con el del proyecto de ley Antidesahucios que ya había presentado el Gobierno. Sin embargo, ante la previsión de que el Tribunal de Luxemburgo emitiera un fallo sobre la Ley Hipotecaria española este jueves, se decidió paralizar toda la tramitación.

Ahora, a la luz de las críticas europeas a una normativa que deja desprotegido al consumidor y vulnera así legislación comunitaria, la Cámara baja ha decidido ampliar el plazo de enmiendas desde este viernes, cuando se cumplía inicialmente, hasta el jueves 21 de marzo. De esta manera, el texto definitivo no podrá salir rumbo al Senado hasta después de Semana Santa, con lo que la aprobación de la ley se retrasa al menos un mes con respecto a las previsiones iniciales.

Además, queda por ver qué cambios plantea el PP para adecuarse a las previsiones europeas, aunque su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, afirmó tras conocer la sentencia que en ningún caso se aceptará la dación en pago generalizada y retroactiva que pide la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Pregunta al Gobierno

Para tratar de conocer por dónde irán las enmiendas ‘populares’ antes incluso de agotar los plazos, tanto el PSOE como CiU aprovecharán la Sesión de Control al Gobierno de la próxima semana para preguntar sobre ello al ministro de Economía, Luis de Guindos.

La portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, y el portavoz adjunto de CiU, Pere Macias, han registrado sendas preguntas para la Sesión de Control al Gobierno del Pleno acerca de cómo y cuándo se va a adecuar la normativa española a una sentencia que "desautoriza" la regulación hipotecaria por "no permitir suspender cautelarmente" los desahucios.

De momento, las únicas propuestas de modificación del PP que se conocen son las enmiendas presentadas al proyecto de ley antes de que se aceptara la ILP. Éstas pasan por ampliar los umbrales de vulnerabilidad para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas, que da la posibilidad de renegociar la deuda con el banco, aplicar una quita o incluso llegar a la dación en pago para los casos más extremos.

Además, también han propuesto limitar los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero (aproximadamente el 12%), incrementar los impagos mínimos para poder ejecutar la hipoteca, elevar el valor mínimo de subasta de la vivienda con respecto al precio escriturado, o dar más competencias a los jueces para aplicar quitas sobre la deuda pendiente tras el lanzamiento.

Finalmente, el PP ha presentado un bloque de enmiendas para limitar la influencia de las entidades financieras en las sociedades de tasación o evitar el sobreendeudamiento poniendo coto a las condiciones de amortización o peso sobre los ingresos de las hipotecas.