La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados ha concluido la primera reunión de la Ponencia para el proyecto de Ley de modernización del sistema de la Seguridad Social, en la que el PSOE ha logrado introducir la totalidad de sus enmiendas, incluida la que obliga a las empresas con beneficios que realicen los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) a compensar al Estado por el coste de sus prejubilaciones, con su aplicación desde el pasado 27 de abril.

Asimismo, el PSOE ha pactado un paquete de catorce enmiendas con CiU que introducen sustanciales novedades en lo referente a los trabajadores autónomos, personas con discapacidad y becarios, y se ha mostrado dispuesto a transaccionar otras 35 propuestas de todos los grupos.

Fuentes parlamentarias ha indicado a Europa Press que en la primera sesión de trabajo de los ponentes, que volverán a reunirse mañana después del Pleno, los portavoces han aceptado incorporar esta modificación, de forma que ya no tendrá que debatirse en el debate en Comisión previsto para el próximo lunes.

El Gobierno aprovechó la reforma de las pensiones para corregir su propuesta inicial sobre los EREs, precisando que esta nueva disposición se aplicaría desde el pasado 27 de abril, ya que considera "prioritaria" esta modificación legal.

De esta forma, se garantiza que la modificación afectará al caso de Telefónica, pese a que la compañía que preside César Alierta se ha comprometido a asumir los costes del proceso que quiere aplicar a 6.500 empleados de su plantilla en España durante un periodo de 5 años.

REPRESENTACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS

Las enmiendas pactadas con CiU incorporan la necesidad de establecer exenciones, reducciones o bonificaciones de cuotas sociales a determinados colectivos de autónomos con especiales dificultades, con el objetivo de mantener su actividad. También dan voz a las organizaciones profesionales de trabajadores autónomos en cualquier modificación que afecte al colectivo.

Asimismo, se suprime el límite que establece la Ley por el que los becarios solo computarían como cotizadas aquellas prácticas que se hayan realizado en los cuatro últimos años anteriores a su entrada en vigor, medida permitirá a los trabajadores contar con carreras de cotización más largas.

Por último, ha introducido otra enmienda por la que las personas con discapacidad superior al 45% podrán adelantar la edad mínima de jubilación a los 56 años, frente a los 58 años actuales.

LOS TRABAJADORES SABRÁN CUANTA PENSIÓN TENDRÁN

Las enmiendas socialistas incorporadas al proyecto excluye de los efectos de la reforma de las pensiones a todos los prejubilados en el marco de convenios colectivos o acuerdos colectivos de empresas de cualquier ámbito aprobados o suscritos "con anterioridad al 25 de marzo de 2011", y con independencia de que el acceso efectivo a la jubilación sea anterior.

Así, se extenderá a estas personas lo que el proyecto ya contempla para las personas "con relación laboral suspendida o extinguida" como consecuencia de decisiones adoptadas en EREs, con independencia de que el fin de la relación laboral se haga efectivo con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013.

Asimismo, otra de las enmiendas introduce la obligación de informar al trabajador sobre la pensión aproximada que recibiría de mantenerse sus circunstancias de cotización. algo que igualmente afecta a la información de los productos de previsión social del sector privado, si bien los datos son "meramente informativos" y no generan "derechos ni expectativas de derechos".

COMPLEMENTOS A MÍNIMOS, EN TERRITORIO ESPAÑOL

Las propuestas, en su mayoría de carácter técnico, incorporan también otras novedades al sistema de Seguridad Social, especificando así por primera vez que sólo tendrá derecho a percibir el complemento a mínimo el pensionista que resida en territorio español, o que los empresarios que no estén al corriente del pago de las cuotas no podrán beneficiarse de aplazamientos de las mismas.

Asimismo, mandata al Gobierno a abordar la integración del régimen especial de empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, tal y como reclama el Pacto de Toledo y acordó el Ejecutivo con los agentes sociales el pasado 2 de febrero, pero que no se incluyó inicialmente en su proyecto de Ley.

DIVORCIOS EN NEGOCIOS FAMILIARES

Por otro lado, se plantea que el cónyuge que haya estado trabajando en un negocio familiar sin haber sido dado de alta en la Seguridad Social, pueda, inspección de trabajo mediante, ver reconocido su tiempo trabajado y poder cobrar una prestación por ello.

En concreto, el PSOE propone que el juez avise a la Inspección de Trabajo cuando descubra durante un proceso de separación o divorcio, que uno de los cónyuges ha estado trabajando para el negocio del otro sin estar dado de alta.