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El presente recurso trae causa de la demanda de desahucio por precario. Los actores instan la acción para la recuperación de un inmueble de su propiedad consistente en edificación formada por una planta baja dedicada a local de negocio y una planta superior dedicada a vivienda, frente a la demandada, que viene ocupando el inmueble tras su divorcio con el hijo de los actores.

Se centra por tanto el litigio en determinar sí, estimándose la condición de precarista de la demandada, ésta tiene derecho de retención sobre el inmueble, conforme al art. 453 CC.

El TS, siguiendo doctrina casi unánime, considera que el derecho de retención en atención a los gastos realizados en la cosa poseída en precario no puede considerarse -conforme al art. 453 CC- como título suficiente a efectos de evitar el desahucio por precario, porque dicho título no se confiere al mero poseedor de una finca que ha perdido su título, sino que solo se reconoce al que posee de buena fe y con título.

En el presente caso, se trata de una edificación ya construida con anterioridad, esto es, antes de ser poseída por el matrimonio, en la que éste, durante el periodo en que la posee, llevó a cabo ciertas mejoras y obras de conservación, que no se afirma que expresamente se consintieran por los demandantes, pero sí que hay que entender que fueron consentidas y autorizadas por los demandantes a su hijo y nuera para que se adecuaran a las necesidades de la familia y del negocio que regentaba.

Por tanto, el supuesto fáctico contemplado es muy distinto al la sentencia que tuvo en cuenta la Audiencia para fallar a favor de la demandada, pues no es lo mismo edificar un edificio nuevo en el terreno cedido, con expresa autorización de la propietaria, que hacer obras de conservación y mejora sobre el inmueble ya construido que se les cede en uso, que no se duda que se hiciesen a la vista de los demandantes pero tampoco que, por su entidad, fueran tan llamativas para éstos como las que consisten en construir un edificio de nueva planta, por lo que no puede invocarse que se trataran de poseedores de buena fe y con título, lo que justificaría el derecho de retención.

STS Sala 1ª de 7 marzo de 2018. EDJ 2018/18333

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