La reforma laboral aprobada por el Gobierno permite ejecutar expedientes de regulación de empleo (ERE) por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción entre el personal laboral del sector público. Tendrán prioridad de permanencia en estos procedimientos los laborales fijos que hayan aprobado un proceso selectivo.

El sindicato ha decidido crear este observatorio para seguir estos procesos y acudir a todas las administraciones donde se produzcan regulaciones de empleo, a fin de defender los intereses de los trabajadores.

Para evitar despidos, CSI-F también recurrirá a paros y movilizaciones, actuaciones en el ámbito jurídico y al desarrollo de auditorías públicas. A modo de ejemplo, el sindicato ha dicho que analizará el número de asesores (que son puestos de libre designación), altos cargos, contratos de asistencias técnicas, encomiendas de gestión, contratos públicos y composición de los consejos de administración, entre otras medidas.

Pacto de Estado

Al margen de estas iniciativas, CSI-F ha ofrecido al Gobierno y al resto de administraciones, partidos políticos y sindicatos un pacto de Estado para modernizar la Administración, preservando los servicios públicos, el Estado del Bienestar y la calidad del empleo público. Para ello, el sindicato ha elaborado un documento base de negociación con diez puntos clave.

En dicho documento, el sindicato pide recuperar el diálogo, desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y las Leyes de Función Pública de la Administración del Estado y de las comunidades, realizar un diagnóstico sobre la estructura administrativa del conjunto del Estado, racionalizar el empleo público, consolidar el empleo y reducir la temporalidad, y desarrollar los mecanismos de evaluación del desempeño de los empleados públicos, entre otras iniciativas.