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Es fácil denunciar qué cosas
necesita nuestra economía para mejorar, pero no lo es tanto decir cómo hacerlo.
Voces expertas manifiestan que España precisa más industrias multinacionales o
de gran tamaño y menos industria pequeña o, al menos, que esta última aumente
de tamaño para resultar más competitiva y poder hacer frente a la demanda que
puede venir del exterior. Pero eso está basado en una visión financiera que no
se compadece con la realidad del desarrollo empresarial y, más concretamente,
el industrial que tenemos implantado. Para el cual desde la política se buscan
soluciones de mejora, pero no para su cambio, que es conveniente no sólo para
el desarrollo empresarial sino para la mejora las condiciones laborales de los
trabajadores, pues está demostrado que en las empresas grandes los salarios son
más altos y las mejoras sociales mayores debido, gran parte de las veces, a la
acción sindical, con más fuerza de la que suele existir en las entidades con
pocos empleados. Sin embargo, la política más reciente propugna el autoempleo y
las ayudas a los emprendedores, que pueden producir a un coste más bajo por
pagar menos salarios y tener acceso a ayudas o bonificaciones en los costes
sociales. Circunstancias que aprovechan las empresas grandes para subcontratar
con esas pequeñas empresas de nueva creación trabajos habituales en ellas o
bien externalizar algunas de sus secciones.

También se propugna desde las
organizaciones empresariales la necesidad de reducir las cotizaciones sociales.
Llevarlo a cabo supondría que el sistema público de protección social debería
recibir mayor financiación vía impuestos, lo cual podría hacerse si el ahorro
que con ello tuvieran las empresas lo convirtieran en una mayor salario de sus
empleados. A primera vista este planteamiento no parece una solución para las
pretensiones empresariales, pero lo es. Porque el coste de la producción
vendría a ser el mismo, pero los trabajadores tendrían mayor poder adquisitivo
y consumirían más dando ocasión de más trabajo para las industrias, a la vez
que el Estado recaudaría más impuestos indirectos para poder dedicar en sus
presupuestos mayor partida para la Seguridad Social, cuya recaudación, además,
no se reduciría mucho, pues el menor porcentaje de cotización se aplicaría
sobre salarios más altos. Así el coste social para las empresas sería como el
actual pero, como queda escrito, su producción podría aumentar.

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Enrique García Tomás 

Graduado Social