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El Derecho pidió recientemente la opinión de los lectores sobre cómo acabar con la economía sumergida, un problema que alcanza cifras cercanas al 24% del Producto Interior Bruto (PIB) y por el que circulan unos 253.000 millones de euros ajenos al radar de la Agencia Tributaria.

Una gran parte de nuestros lectores apuesta por bajar impuestos y simplificar las contrataciones; otros hablan de incentivar las desgravaciones o suprimir el sistema de Estimación Objetiva; algunos más ambiciosos piden directamente eliminar el papel moneda; aunque la mayoría coincide en que falta voluntad política y ejemplaridad de los poderes públicos.

El Derecho recibió más de una treintena de opiniones sobre cómo erradicar la economía sumergida en España. Un fenómeno que se ha disparado en 60.000 millones de euros como consecuencia de la crisis y que ha situado a nuestro país en los últimos puestos del ‘ranking’ contra su persecución, por delante de Italia, Portugal y Grecia y lejos de otros países comunitarios como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Reino Unido (10,1% ), según un reciente informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Países a la cola del ‘pelotón’, como Portugal, han dado una vuelta de tuerca con innovadoras iniciativas para reducir el fraude fiscal, como ‘la Factura de la Suerte’, un sorteo que premiará algunas de las facturas remitidas a las autoridades tributarias. Eslovaquia, China o Chile ya pusieron en marcha sorteos similares para incentivar el pago de impuestos.

Ninguno de nuestros lectores ha optado por este tipo de rifas, pero sí han achacado la ‘brecha’ entre España y el entorno europeo a la falta de sueldos “dignos” y políticas justas. Gestha ha apuntado al mayor nivel educativo y transparencia de la Administración del entorno europeo.

“No puede ser que si una persona trabaja con un salario de 700 euros no llegue al final de mes. Con estos salarios se obliga a la gente a entrar en la economía sumergida”, ilustra nuestro lector Juan Miguel Albertos; mientras que Carlos Mendoza apuesta por “prestar servicios de calidad al ciudadano para que vea repercutidos los impuestos que paga en una calidad de vida”.

Bajada de impuestos

Precisamente, la rebaja de impuestos, entre ellos del IVA, ha sido una de las ideas recurrentes aludidas por lectores como Raquel Alfonso, Jorge Muñoz, César Campuzano, José Ramón Huertas, José Carlos Oltra u Oriol Conesa. En este sentido, el diputado de la Comisión de Economía y Competitividad Miguel Ángel Cortizo ha destacado a El Derecho que el IVA es “uno de los impuestos más injustos” y que si la lucha contra el fraude fuera más eficaz, el Estado recaudaría más y eso facilitaría una bajada de gravámenes.

Cortizo pide diferenciar entre quienes “buscan no pagar impuestos intencionadamente" y quienes lo hacen “por motivos de supervivencia, particulares o pequeñas empresas que están ahogadas". "Todo es fraude pero el volumen de lo defraudado y el estado de necesidad no es el mismo", ha añadido.

Estas razones de necesidad han sido invocadas en algunas opiniones remitidas a este medio. “El administrador lo que quiere es vivir tranquilo y no defraudar a Hacienda, si lo hace es por supervivencia, por llegar a cubrir sus costes de vida, no por indisciplina tributaria o ánimo de defraudar”, indicaba el lector Xavier Saura.

Eso sí, de acuerdo con el refrán ‘A río revuelto, ganancia de pescadores’, habrá quienes aprovechan la crisis para operar con ‘dinero B’. De hecho, el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha denunciado a El Derecho la alta evasión fiscal de grandes empresas y grandes fortunas. "A medida que la empresa crece, el control es mínimo", ha añadido.

España, a la cola en número de inspectores de Hacienda

Pocos han sido los lectores que han propuesto aumentar el número de inspectores de Hacienda y de Trabajo. Y eso que España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes  frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.

Algunos como Óscar Rubin han sugerido “sacar a la calle de forma anónima a inspectores” y darles presunción de veracidad. Al mismo tiempo, César Martínez, Laura Molla o Pedro Torres, se han centrado en los servicios profesionales y han emplazado a agilizar los trámites administrativos y burocráticos, entre otras cuestiones.

Una idea en la que ha coincidido el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo José Manuel Maza. Eso sí, el magistrado ha querido dejar claro en declaraciones a El Derecho que “las primeras víctimas de la economía sumergida son los propios trabajadores".

Según ha explicado, el Estado tiene múltiples mecanismos para actuar contra el fraude, mientras que estos trabajadores llevan a cabo su actividad al margen de los controles y los derechos del resto de empleados. "La gente explotada no tiene donde ir y no va porque se queda sin el poco dinero que gana", ha agregado.

El abogado laboralista Eduardo Ranz ha coincidido en la desprotección de estos trabajadores. "A corto plazo pueden salir ganando al igual que la empresa, pero a la larga son los grandes perjudicados", ha señalado, para exponer los problemas que tendrán a la hora de reclamar una indemnización, una pensión o una baja por accidente laboral.

O aceptan un pago ‘en negro’ o tendrán que acreditar en los tribunales la relación con el empresario y, en su caso, reconocer haber participado en esa irregularidad. Incluso puede llegar a ocurrir que el juez de cuenta de ello a la Seguridad Social, según ha declarado este abogado a El Derecho.

Castigo a la corrupción

El 36,3% de los españoles se muestran preocupados por la corrupción y el fraude, según el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Algunos de nuestros lectores, como Joaquín Docampo, Juan R. Arias o Antonio Jesús Nieto, han advertido de este hecho. “En tanto se mantenga y se promueva la situación de falta de ejemplaridad, con políticas injustas y comportamientos públicos corruptos muy generalizados, la economía sumergida encontrará un muy fácil acomodo en nuestras cabezas”, nos decía Nieto.

En materia criminológica, el magistrado del Supremo José Manuel Maza ha recordado que el dinero defraudado debe sobrepasar el umbral de los 120.000 euros en un año para poderse tipificar como delito fiscal. "Si es cierto lo que yo pienso, que se da más en pequeñas empresas que en grandes actividades económicas, muchas veces se trata de infracciones administrativas", ha precisado.

Eso sí, Maza ha advertido de que la economía sumergida lleva aparejada otros delitos de gravedad: delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros o blanqueo de capitales. "Se blanquea dinero mucho mejor en una actividad oculta, no detectada por Hacienda, que en una dada de alta", ha ilustrado.

Varios lectores han echado en falta mayor “voluntad política” para reducir la circulación de dinero negro, algo en lo que coinciden con el juez Joaquim Bosch o con Raúl Burillo, exdelegado de la Agencia Tributaria en Baleares, inspector de Hacienda y candidato del Partido X en las pasadas elecciones europeas.

"No se puede hablar de conciencia social y permitir la amnistía fiscal con el ‘perdón’ al defraudador", ha expresado Burillo a El Derecho. A su juicio, la economía sumergida se combate con una legislación en el impuesto de sociedades más igualitaria, sin ofrecer más ventajas y deducciones a grandes empresas que a pymes.

Fin del papel moneda y del sistema de Estimación de módulos

Un gran número de nuestros lectores han sugerido el fin del dinero en metálico para obligar a justificar las transacciones a través de una cuenta bancaria. “La solución a mi juicio es tan sencilla que asusta: acabar con el papel moneda”, proponía Gregorio Gracia Walter, respaldado por Diego Paños, Francisco Secades, Diego Merino  o Manuel Soto.

Otros en cambio, como Ignacio Espallargas o Carlos Martínez, han abogado por eliminar el sistema de Estimación Objetiva por Módulos. El Derecho ha preguntado sobre estas propuestas al presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, quien ha apostado por reducir este modelo de tributación para dificultar la emisión de facturas falsas y por limitar el pago en efectivo a los 1.000 euros, como por ejemplo sucede en Italia. En España, el tope de las operaciones entre empresas y profesionales se sitúa en los 2.500 euros, con excepciones para los no residentes con el objeto de no perjudicar el gasto de los turistas.