Según explicaron en rueda de prensa los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, este contrato tendría un periodo de prueba inicial de tres meses, a partir de los que se establecerían periodos de consolidación en el convenio colectivo sectorial, que no superarían un año.

También mediante la negociación colectiva sectorial se podrán fijar las causas "objetivas y cuantificables" de esta extinción. En su defecto, se justificará cuando se produzca una reducción de ventas o ingresos de al menos el 10% respecto al ejercicio anterior a la contratación, referido a la unidad productiva en la que preste servicios el trabajador.

En estos casos, el trabajador tendrá derecho a una indemnización equivalente a cinco días de salario por cada trimestre de duración de la prestación. Si el despido fuese improcedente, se le pagaría 33 días por año, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de 24 meses.

Además, en el caso de que el contrato se haga a un menor de 30 años, la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de 3.000 euros, y contará con otras bonificaciones en función de la edad y el género.

El documento de los sindicatos señala que el Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, evaluará la eficacia de este contrato antes del 31 de diciembre de 2012.

Por otro lado, las enmiendas de los sindicatos buscan que las medidas de flexibilidad sean "preventivas" y "negociadas" y que no pueda revisarse la cuantía salarial fuera de los márgenes de la negociación colectiva.

Asimismo, los sindicatos plantean la supresión del periodo de tres trimestres consecutivos de reducción de ingresos para justificar un despido y optan por que el empresario justifique que ese despido sea "el último recurso" y garantice que ha buscado otras alternativas.

Los sindicatos plantean también fortalecer las causas del despido, la recuperación de los salarios de tramitación y recuperar la ultraactividad de los convenios, con plazos máximos de negociación y un periodo para que las partes puedan optar por adherirse a un convenio de ámbito superior.

El documento ha sido presentado tras un periodo de reuniones técnicas con el Ministerio de Empleo y sin que los sindicatos hayan recibido ninguna respuesta a las dos cartas remitidas por las centrales al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Según Górriz, "estas enmiendas son una alternativa de regulación necesaria para subsanar las ineficiencias de la reforma laboral". "Por más que lo buscamos, no hemos encontrado qué tiene este decreto que asegure la creación de empleo digno y estable", añadió, para apostillar que "es una pregunta que tiene que contestar Rajoy en la mesa del diálogo social".