En una rueda de prensa conjunta, los representantes sindicales han avanzado que el acuerdo que firmaron con la patronal el pasado 23 de mayo para dar salida a los convenios pendientes esté teniendo un cumplimiento "insuficiente", por lo que plantearán al Gobierno esta urgencia coincidiendo con la revisión que el Ejecutivo tiene que hacer de la reforma laboral.

Según señalan, pese al acuerdo firmado a nivel confederal con CEOE-Cepyme, patronales como la de Guipúzcoa (Adegi) o la de los transportes, ya se ha manifestado la intención de dar por vencido el convenio colectivo a partir del 8 de julio. Ello puede dar como resultado que más de la mitad de los trabajadores con convenios denunciados entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 pierdan este ‘paraguas’.

En opinión de los sindicatos, quien ha generado este problema es el Gobierno al "imponer" este límite a la ‘ultraactividad’ en su reforma laboral, después de que en el II Acuerdo Interconfederal por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que firmaron con anterioridad patronal y sindicatos no se hiciera mención a esta cuestión.

Por ello, "los sindicatos van plantear al Gobierno que haga este ejercicio si no quiere ser responsable de la conflictividad que se va a producir en las empresas, con la consecuencias que tendrá sobre la competitividad", ha advertido Ferrer. "A ver si cree el Gobierno que con el acuerdo sobre ultraactividad del 23 de mayo se ha lavado las manos como Pilatos. Tiene culpa en la actual situación", ha recalcado.

En este mismo sentido, Górriz ha recordado también que en la reunión mantenida por los agentes sociales con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 16 de mayo, se puso en valor la negociación colectiva.

El 8 de julio "es un punto y seguido"

Con todo, los sindicatos han indicado que el 8 de julio "no es el final de nada", sino "un punto y seguido". Según ha explicado Górriz, en primer lugar, el acuerdo vigente con la patronal insta a que en aquellos convenios colectivos que se haya detectado un bloqueo se recurra a los mecanismo de solución autónoma de conflictos.

En el resto, se llama a pactar una prórroga para seguir negociando a partir del 8 de julio, como en el caso del convenio colectivo de las autoescuelas, en el que las partes se han dado todo el mes ante la perspectiva de cerrarlo en torno el 18 de julio.

En el caso de que no se haya pactado esta prórroga, llegada la fecha límite, habrá que estudiar caso por caso, porque algunos convenios colectivos contaban desde el inicio con cláusulas que los prorrogaban explícitamente hasta que no hubiera un nuevo convenio.

Una vez descartados también estos convenios, los sindicatos aseguran que "si el 8 de mayo los empresarios plantean decaimientos de convenios se van a colapsar los juzgados de lo social", porque los sindicatos interpondrán demandas colectivas en todas empresas.

Las centrales no quieren desvelar cual será su estrategia jurídica, pero aseguran que tienen argumentos sólidos para poder seguir negociando sin que ningún trabajador pierda sus derechos. En primer lugar, aseguran que para cumplir la legalidad el empresario debe comunicar el decaimiento del convenio trabajador por trabajador, a las autoridades laboral y fiscal y a la Seguridad Social.

A partir de ahí, señala que la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el derecho a negociar de buena fe, con lo que hacer decaer derechos de los trabajadores sólo podrá interpretarse como "mala fe", mientras que además la jurisprudencia ampara que el trabajador mantendrá en estos casos sus derechos contractualizados a título individual.

1,8 millones de trabajadores en la incertidumbre

Patronal y sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que a día de hoy sólo 1.324 convenios aún están pendientes de firma.

Estos convenios afectan a 1,8 millones de trabajadores, con lo que el 53% de los trabajadores estimados mantienen la incertidumbre sobre el futuro de sus derechos laborales.

De los convenios pendientes, la mayor parte corresponden al ámbito privado, con 953 (1,7 millones de trabajadores) y corresponden a sectores como los de aguas, consultoras, curtidos o elaboración de productos cocinados. En el ámbito público, aún permanecen abiertos 371 convenios (148.076 trabajadores), en su mayor parte pertenecientes a ayuntamientos y a organismos, empresas y entidades públicas como Paradores y astilleros.

Por otro lado, los sindicatos también apuntan que la mayor parte de estos convenios pendientes son de empresa (1.098, que afectan a 273.239 trabajadores), si bien el núcleo de trabajadores se encuentra en los convenios sectoriales sin firma (226, que afectan a 1,6 millones de trabajadores).

Al margen de 81 convenios que han decaído por extinción de la empresa o incorporación a un ámbito superior, se han firmado 277, que afectan a 1,62 millones de trabajadores.