"La Comisión está examinando actualmente el impacto del decreto", han desvelado fuentes comunitarias.

El memorándum obliga a España a consultar con el Ejecutivo comunitario y con el Banco Central Europeo (BCE) cualquier reforma normativa que afecte al sector financiero.

De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy ya tuvo que negociar con Bruselas sus propias medidas para paliar los desahucios. El Ejecutivo comunitario avisó entonces de que, para ser aceptado por la UE, cualquier cambio normativo no debía suponer un coste extra al contribuyente europeo ni afectar al saneamiento de la banca o de lo contrario tendrá que compensarse con otros mecanismos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que las medidas de Andalucía van a reducir las hipotecas y perjudicarán al sector de la construcción.

Por su parte, la Asociación Española de la Banca (AEB) ha dicho que el decreto andaluz "no da una solución eficaz" sino que "complica más las cosas por restricciones al derecho de propiedad y porque establece expropiaciones forzosas temporales que pueden vulnerar la ley".