En este sentido, se ha referido a la suspensión de los desahucios sobre colectivos vulnerables durante dos años, una modificación que considera "imprescindible", así como el control de los intereses de demora. De la misma forma, afirma que esta nueva norma recoge "una ampliación de las facultades del juez para discernir sobre la situación de la familia o persona deudora".

Durante un desayuno informativo organizado por el Colegio de Registradores, en Madrid, Becerril ha añadido que echa en falta "que se hable también de las suspensiones de desahucios en determinados locales de negocios de familias con ese único empleo y fuente de recursos económicos, ya que "es casi tan importante para ellos como el hogar familiar".

Además, considera que debería ser de "obligado" cumplimiento el hecho de intentar lograr un acuerdo entre el banco y el deudor antes de llevar a cabo la ejecución hipotecaria. En este punto, ha advertido de que "la banca ya habrá jugado su papel" e insiste en que el Defensor del Pueblo, en esta materia, se pone "del lado de las familias".