El escrito, que ya ha sido enviado a todos los colegios de abogados del país y está circulando a través de redes sociales, incide en que, actualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está examinando si el sistema de ejecución hipotecaria español respeta los parámetros mínimos que exige la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios, después de que el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona le plantease una cuestión prejudicial.

Esgrimiendo estas circunstancias, el documento solicita la suspensión inmediata el proceso, en virtud de la pendencia de la sentencia del TJUE, así como en virtud de la prejudicialidad civil, pues alega que el tribunal barcelonés todavía no ha resuelto y está decidiendo sobre una cuestión que constituye objeto del litigio que se plantea. De manera subsidiaria, también solicita que, en caso de no apreciarse la suspensión por estos motivos, se plantee una cuestión prejudicial al TJUE.

Medidas "insuficientes"

Esta iniciativa se enmarca en lo que el portavoz de STOP Desahucios y miembro de la PAH, Adriá Alemany, califica de "desobediencia civil pacífica". En declaraciones a Europa Press, también ha criticado las medidas adoptadas este jueves por el Consejo de Ministros en materia de desahucios, ya que, a su juicio, son "del todo insuficientes" y están "plegadas a los intereses de las entidades financieras". "El Gobierno ha acabado cediendo y ha acabado redactando un decreto ley al dictado de la patronal bancaria", ha aseverado.

En esta línea, ha denunciado que no parece claro si las familias que ya están inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria se podrán acoger a la moratoria de los desahucios y ha criticado los requisitos exigidos por el real decreto, porque tienen que concurrir criterios sociales y económicos. "Se da la paradoja de que una familia que está percibiendo el subsidio de desempleo o 420 euros y que tiene dos hijos de cuatro y cinco años, no entraría dentro de las categorías establecidas", ha explicado.

Así, Alemany ha afirmado que el anuncio del Consejo de Ministros queda "muy bonito" pero no toca "la raíz del problema", que, a su parecer, es el procedimiento de ejecución hipotecaria recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Esta norma es, de acuerdo con él, "anómala y perversa" y está provocando que la gente quede endeudada y excluida del sistema "de por vida".

En términos parecidos, el portavoz de la PAH de Pamplona, Guillermo Perilla, ha señalado que estas medidas son "una cortina de humo para desviar la atención y evitar que haya ruido en la calle", al igual que el Código de Buenas Prácticas del ministro de Economía, Luis de Guindos. La portavoz de la plataforma en Tenerife, Inma Évora, también ha asegurado que se trata de "una burla más", en línea con este código, que ha tildado de "inútil".

Por su parte, el portavoz de la Intercomisión de Vivienda del 15M en Sevilla, Antonio Buenavida, ha subrayado que el real decreto no es más que "un parche" para "calmar" a la opinión pública y que lo único que hace es "seguir garantizando los derechos de los bancos que han emitido las hipotecas". Además, ha reclamado un parque público de viviendas en alquiler porque, en su opinión, el propuesto por el Gobierno va a ser "descafeinado".