En este sentido, ha detallado que en esta demanda se denuncia que la legislación española "vulnera derechos fundamentales de las personas" y ha subrayado que la decisión de recurrir se debe a la necesidad de "emprender con firmeza" la defensa de los ecuatorianos en el extranjero.

En concreto, la demanda recoge el caso del ecuatoriano Luis Solórzano, quien se ha visto obligado a abandonar su vivienda al haber agotado todas las instancias judiciales en territorio español. En opinión de la Defensoría, este ciudadano sufrió "indefensión" ante las "prácticas abusivas" del banco así como el hecho de que el juez que llevaba su caso "no aceptó escuchar las razones de Solórzano para ponderar su situación".

De esta forma, el Defensor del Pueblo de Ecuador ha solicitado al Tribunal Europeo que "inste a España a modificar la ley de enjuiciamiento civil que no permite el verdadero ejercicio de los derechos, especialmente el de estar frente a un juicio justo en el que el juez pueda escuchar las razones de las partes, ponderarlas y resolver el caso".

La institución, junto a un grupo de juristas que estudian casos de ejecuciones hipotecarias, ha expuesto que se han encontrado varias causas de "violación de derechos y privación de justicia" en otros casos como el de Solórzano. El objetivo de la demanda, según han explicado, es sentar precedente ante "el drama de los desahucios en España", así como que el Alto Tribunal inste a España a modificar su normativa en materia de vivienda porque, a su juicio, vulnera los derechos humanos.

En todo caso, ha precisado que el objetivo es que se reforme la norma en los casos de viviendas familiares y personales. "No es lo mismo asumir una deuda que tiene fundamento en la vivienda personal y familiar a la deuda que podría adquirir una oficina –ha agregado–. Esta situación no se produce puesto que la vivienda todavía no es considerada como un derecho y no como mercancía".

Igualmente, ha señalado que están defendiendo otros casos similares de ecuatorianos en España y que si no se resuelven positivamente en los tribunales nacionales no descartan elevar otras quejas a Estrasburgo. Concretamente, ha especificado que se han atendido desde el pasado año hasta este momento a 6.000 ecuatorianos.