El presidente de la referida Administración, Francisco Reyes, y el decano de la institución colegial, Vicente Oya, han sido los encargados de rubricar un convenio que se traducirá en la puesta en marcha en los próximos días de esta nueva herramienta que, según el primero, "ofrecerá una solución inmediata y eficaz a las familias que puedan verse abocadas a sufrir un desahucio", que en la provincia pueden ser en torno a 3.000.

De este modo, la nueva oficina vendrá "en parte a paliar este grave problema". "Desde el equipo de gobierno (PSOE) de la Diputación hemos entendido que, ante el alto contenido social que tiene una ejecución hipotecaria, que puede dejar sin su vivienda habitual a una familia, debíamos actuar porque estas intervenciones generan un drama que suele conducir a la exclusión social de estas personas", ha apuntado Reyes.

El incremento de este tipo de casos producido en los últimos meses, ya que su número ha aumentado en un 20 por ciento entre 2011 y 2012, "ha llevado a crear este instrumento que será complementario a la labor de asesoramiento que ya ofrece la Junta de Andalucía".

De esta forma, las familias que residan en cualquiera de los 97 municipios jiennenses podrán utilizar esta oficina que tendrá cinco sedes: Jaén, Linares, Úbeda, Andújar y Alcalá la Real, ciudades en las que el Colegio cuenta con sede. En este sentido, el decano ha precisado que las personas que quieran acceder a esta oficina podrán rellenar una ficha explicando su caso, un documento que se hará llegar a los 97 ayuntamientos de la provincia y a las asociaciones de consumidores. Posteriormente, se realizará una selección de los casos que se van a atender por una Oficina que empezará a funcionar en los próximos días.

Los interesados se podrán informar en esas sedes de los pasos que más les conviene dar dependiendo de su caso y el momento en que se encuentre, ya sea acordando con el banco la fórmula para alargar el pago de la hipoteca, dando la casa en pago de la deuda, y conociendo qué se puede hacer antes de que la ejecución hipotecaria o el desahucio se hagan efectivos.

Al respecto, ambos han dejado claro los letrados especializados de esta oficina no se van a limitar a informar, sino que estarán a disposición de las personas afectadas para personarse en el juzgado o para negociar con la entidad financiera, de ahí que la hayan considerado perfectamente compatible con las oficinas creadas por la Junta de Andalucía en las ocho provincias, cuyo carácter es sólo informativo.

"Exceso de confianza y malas praxis"

La Diputación ha aprobado conceder al Colegio de Abogados un máximo de 36.300 euros para atender en lo que queda de año y el siguiente a los ciudadanos que precisen de este asesoramiento con el fin de "facilitar a las personas y familias una vía profesional de intermediación con las entidades financieras para encontrar una solución consensuada" a un problema que, para su presidente, nace de "un exceso de confianza ciudadana y, sobre todo, por las malas praxis bancarias y el desempleo que hace finalmente imposible pagar las hipotecas".

Esa preocupación por la ciudadanía ha sido, precisamente, la que ha llevado al Colegio de Abogados "a plantear este acuerdo a la Diputación, que desde el principio se mostró muy receptiva a frenar un problema" que estos profesionales vieron "venir desde hace tiempo", tal y como ha indicado Oya, quien ha expresado su deseo para que no sea necesario renovar el convenio porque se hayan producido los cambios necesarios en la normativa.

Modificaciones

En este sentido, tanto el decano del Colegio de Abogados como el presidente de la Diputación se han mostrado partidario de modificar la legislación actual, aunque para el primero "esto por sí solo no resolverá todos los problemas" y "habrá que llevar las soluciones a cada familia porque cada caso es único y tiene sus propias peculiaridades".

Reyes se ha mostrado igualmente favorable a los últimos movimientos que se han dado desde diferentes ámbitos para poner solución a los desahucios y ha "aplaudido cualquier solución estatal que se pueda dar a este conflicto, tras la propuesta del PSOE contra los desahucios o las conversaciones que se están manteniendo los dos partidos mayoritarios en el Congreso para alcanzar una solución definitiva".

También ha valorado las manifestaciones de los magistrados y la decisión de las entidades para suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria. "Si contamos con una legislación que es capaz de salvar a bancos y empresas, pero no puede salvar a una familia de un desahucio, es una mala normativa, por eso exigimos medidas para que se paralice cualquier desahucio y creemos que este convenio va en esta línea", ha concluido.