La Oficina del Defensor ha anunciado esta actuación de oficio con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, un elenco de pronunciamientos para la dignidad del ser humano que la crisis "hace peligrar" en Andalucía, porque esta situación de crisis "es la peor amenaza para el conjunto de derechos y libertades que esta comunidad ha venido construyendo a lo largo de las últimas tres décadas", indica a través de un comunicado colgado en su portal web y recogido por Europa Press.

En este sentido, señala que la situación de "grave" crisis económica "provoca un efecto expansivo de la pobreza", con una inmersión de sectores "muy importantes" de la población "hacia situaciones de insuficiencia de recursos propios que afecta de inmediato a la propia unidad familiar y sus miembros con multitud de aspectos que estallan contra la estabilidad de las familias". "La crisis se expande entre segmentos sociales, pero también profundiza sus efectos porque los sistemas públicos de cobertura y protección disminuyen o desaparecen", lamenta.

"Y nos preocupan muy particularmente los menores", continúa en dicho comunicado el Defensor. Así, se refiere a datos de Unicef que indican que, en España, "el 13,7 por cien de las personas menores de 18 años vive en hogares con un nivel de pobreza alta", una cifra que muestra "la gravedad de la situación: hay más niños pobres, y además de crecer en número aumentan sus carencias". "Podemos decir que esta pobreza tiene rostro de niño y que todas las previsiones coinciden en un agravamiento de esta incidencia infantil", advierte.

Pero, continúa, "existe otro factor esencial que está arrastrando con sus efectos unos daños muy especiales en estos niños, como es la pérdida sobrevenida de la vivienda", con lo que "no resulta difícil imaginar los efectos que se producen", porque los menores "pierden su elemento material de cobijo y resguardo. Su casa es su referente de vida y de relación con el entorno. La vivienda es su escenario vital, su lugar de convivencia y desarrollo. Su domicilio es determinante para su vida escolar, sus relaciones ente iguales y su propio entorno urbano". "Si asumimos el efecto de estas expulsiones de los hogares en las personas adultas, en el caso de menores los impactos son mucho más duros", asegura Chamizo.

Y, sin embargo, se pregunta, "poco sabemos de la dimensión de este problema. ¿Cuántos niños se están viendo lanzados junto a sus padres de las viviendas? ¿Su presencia es un factor condicionante en los procesos judiciales? ¿Actuamos igual o, por el contrario disponemos de recursos específicos cuando estén menores afectados?".

Así las cosas, el Defensor del Menor de Andalucía ha anunciado una próxima actuación de oficio para dar a conocer esta situación e intentar investigar la entidad del problema. Dicha actuación se dirigirá a la Consejería de Salud y Bienestar Social para investigar las medidas de lucha contra la pobreza en el sector de la infancia.

Pero, agrega, "también queremos conocer de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), como entidad representativa de los municipios andaluces, la posible existencia de protocolos de atención social de emergencia para atender estas situaciones con menores implicados y de la Consejería de Vivienda, conocer la aplicación concreta de criterios de adjudicación de viviendas protegidas por la existencia de menores necesitados de este preciado bien".