El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, ha subrayado que el objetivo es que "en ningún caso se obligue a la existencia de sociedades mercantiles para realizar determinadas actividades o para acceder a la contratación pública".

En la actualidad, explica UPTA, determinadas normas de las comunidades autónomas, o incluso del Estado, "reservan actividades cuya autorización resulta exclusiva para sociedades de personas o capital". "Estos instrumentos en el caso de las personas físicas son inexistentes, así se limita el acceso a actividades como agencias de viajes, agencias financieras, corredurías de seguros o agencias de colocación", ha especificado.

No obstante, la organización ha valorado positivamente el texto y ha asegurado que "intenta asegurar la unidad de criterio en la tramitación de autorizaciones para el ejercicio de las diversas actividades económicas". Además, ha indicado que "es un buen paso para conseguir la homogeneidad y no discriminación de empresas en todo el ámbito nacional".

Por su parte, Reyna ha resaltado que con esta norma "se podrían articular sistemas más ejecutivos, como el que ahora se anuncia en la próxima Ley de Tratados en el Exterior, que permite a la Administración Central anular preventivamente diversas normativas, hasta la sentencia definitiva de los tribunales".