En declaraciones a Europa Press, el portavoz de SAP-UGT de Cataluña, Valentín Anadón, –del sindicato que presentó la denuncia– ha explicado este jueves que, en principio, de esta resolución sólo se benefician los delegados sindicales que presentaron la querella pero que, al crear jurisprudencia, todos los funcionarios y trabajadores públicos de la administración catalana podrán reclamar su compensación.

"Cuando aplicaron el recorte, nosotros ya avisamos de que era ilegal porque se hacía con efectos retroactivos. Ahora la Generalitat tiene un problema", ha afirmado Anadón, que ha cifrado en unos 500 euros la cantidad media que recibirá cada empleado.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha dictaminado que no cabe recurso de apelación, dado que la cuantía del pleito no excede los 30.000 euros, ya que sólo incluye compensaciones para los demandantes.

Preguntada por Europa Press, la Consejería de Gobernación de la Generalitat ha declinado valorar la resolución judicial argumentando que antes quiere estudiar su contenido para, a partir de allí, tomar las decisiones pertinentes.