Durante la Asamblea Anual de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (Unión General de Trabajadores) celebrada ayer, 22 de noviembre, en la Escuela Julián Besteiro en Madrid, tenía lugar la mesa redonda titulada ‘Sindicatos y corporaciones colegiales profesionales: un objetivo común, un ‘statu quo’ necesario’, donde participaron representantes sindicales y de Unión Profesional.

La mesa redonda, que se enmarca en el convenio suscrito por ambas organizaciones en el 2009, y que fue moderada por Carlos Sánchez Sáez, coordinador federal de la ATC-MCA-UGT, sirvió para poner de manifiesto, una vez más, las sinergias existentes entre ambos colectivos especialmente en la defensa de aquellas personas que poseen la doble condición de empleados públicos o privados y profesionales colegiados.

De forma previa, José Antonio Galdón, vicepresidente de Unión Profesional (UP), realizó una ponencia donde destacó la necesidad de que se promueva la excelencia y el desarrollo profesional continuo como garantía de calidad en la atención que reciben los ciudadanos en cualquier acto profesional. En este sentido, explicó a los asistentes los elementos principales que conforman el modelo de Desarrollo Profesional Continuo elaborado por UP entendido este como el proceso por el que un individuo que ejerce una profesión mantiene, mejora y amplía su grado de competencia, conocimientos y habilidades a lo largo de su vida. Además de fomentar la empleabilidad, movilidad y competitividad de los profesionales, el DPC proporciona certidumbre, seguridad y confianza a la ciudadanía lo que, a su vez, podría proyectarse a la economía en general. Como afirmó, muchos de estos objetivos son compartidos desde la UTC-UGT. José Antonio Galdón continúo exponiendo el significado del DPC a través del sistema de acreditación del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, del que es presidente, sistema que se basa en criterios objetivos y se configura mediante ciclos profesionales.

Mesa redonda

La mesa redonda comenzó con la intervención de Serafín Romero, secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), que acudía en representación de su presidente, Juan José Rodríguez Sendín, vicepresidente de UP. Romero defendió como imprescindible la existencia de una co-regulación, es decir, una regulación efectuada por el Gobierno pero compartida con las profesiones, por ejemplo, en las políticas educativas o en el diseño de las políticas demográficas. Para participar en esa co-regulación, abogó por reformular las relaciones con los gobiernos, fomentar las relaciones con las asociaciones, por ejemplo, de pacientes y establecer alianzas con los demás agentes sociales como sucede con UGT.

Serafín Romero apostó por «adaptar nuestras estructuras para crear pensamiento y generar liderazgo mediante la renovación de nuestro contrato social». Según afirmó, «debemos liderar el movimiento en pro de la calidad y de la seguridad de los pacientes». Los registros profesionales, el control deontológico y la validación periódica de la colegiación son algunos de los instrumentos que posee la profesión médica para contribuir a ese liderazgo.

Por su parte, Frederic Monell i Lliró, secretario confederal de Política Institucional de CEC-UGT, destacó las dificultades de reconocimiento que tienen en la actualidad las organizaciones de carácter intermedio, así como el vaciamiento de funciones a las que se está asistiendo, fruto de la «molestia» que suponen para los poderes públicos. No obstante, también asumió la necesidad de hacer una adaptación y cambios en su estructura y volver a la esencia de lo que cada uno es. «Lo importante es tener capacidad para identificar los problemas y plantear soluciones de forma agrupada», dijo Monell. «Desde el sindicato», continuó, «creo que los profesionales y técnicos, que suponen de media el 40 % de trabajadores de las empresas españolas, deben ganar peso en nuestras organizaciones y debemos crear las posibilidades y el contexto para que puedan ejercer su actividad».

En el mundo laboral, Monell denunció la precariedad, la falta de reconocimiento, el nivel de los salarios y de las expectativas de la carrera profesional, así como la invasión de competencias en las autonomías o la pérdida de libertad de algunos profesionales a la hora de ejercer, lo que forma parte del ámbito de la deontología, entendida esta como las normas que guían el ejercicio profesional.

Por parte de UP también acudió Emilio Viejo, miembro de la Comisión Ejecutiva y presidente del Instituto de Ingenieros Técnicos de España y del Consejo de Ingenieros Técnicos Agrícolas, quien abogó por fomentar el asociacionismo a colegios profesionales y sindicatos, ambos reconocidos en la Constitución. Emilio Viejo animó a establecer una mayor colaboración entre todas las entidades, desde los sindicatos hasta las organizaciones de consumidores, en lo relativo a la acreditación profesional, dándole un valor universal que ayude a incrementar la credibilidad al conjunto de la sociedad.

Miguel Ángel Zamarrón, coordinador general de UTC-UGT, resaltó que «los colegios profesionales y los sindicatos de clase tienen, desde sus respectivas competencias, muchos aspectos que abordar conjuntamente». Los sindicatos como defensores de los derechos socio-laborales de los trabajadores, y las corporaciones colegiales, como garantes de la buena práctica profesional, poseen claras responsabilidades con la sociedad.

En su intervención, Zamarrón enunció algunas de las líneas de confluencia entre ambas entidades como pudieran ser las titulaciones, las cualificaciones profesionales, el desarrollo profesional continuo, las condiciones de empleo y trabajo, etcétera.

Junto a los ponentes, también intervino Ana Isabel Lima, miembro de la Comisión Ejecutiva de UP y presidenta del Consejo General de Trabajo Social, quien señaló la importancia de los colegios profesionales ante los problemas éticos, deontológicos y los valores de una profesión. Lima se refirió específicamente a las normas éticas y buenas prácticas publicadas por su profesión en el ámbito europeo dirigidas no solo a los profesionales sino también a los empleadores, donde se les pide que tengan en cuenta los criterios de calidad, los estándares y la normativa interna que pueden aportar los colegios y, por otro lado, que permitan que sus trabajadores cumplan con su código deontológico.

Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de UP, manifestó que el sentido en la afectación de los derechos de clientes y pacientes y en las medidas socio-laborales que afectan también a la prestación de los servicios profesionales. En esto reside la función de los colegios profesionales y de los sindicatos, desde donde se defienden campos compatibles y complementarios pero, en ningún caso, excluyentes.