La propuesta sobre reforma de la Auditoría dada a conocer por la Comisión Europea se ha aprobado con la oposición de buena parte de los propios comisarios europeos, de un número significativo de gobiernos de la UE, de destacados reguladores europeos, de las empresas, de los agentes económicos, del Parlamento Europeo y de la práctica totalidad de la profesión auditora en Europa, destacaron hoy las tres corporaciones representativas de la auditoría de cuentas en España: el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España.

En contra de los comisarios y los gobiernos

Al menos 5 comisarios europeos son claramente contrarios a alguna de las principales medidas propuestas por la Comisión sobre la regulación de la auditoría, al igual que sobre el instrumento elegido para realizar esta reforma.

En cuanto a la posición de los gobiernos que forman parte del Consejo Europeo, hay una fuerte oposición a las medidas más importantes propuestas por el comisario de Mercado Interior, entre las que destacan*:

Así, en cuanto a la obligación de las auditorías conjuntas, sólo Francia y Rumanía se han manifestado a favor, mientras que hay 15 gobiernos en contra: Austria, Bélgica, República checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido lo han hecho en contra.

Algo parecido ocurre respecto de la rotación obligatoria de las firmas, con dos países a favor (Irlanda y letonia), y 15 en contra. En cuanto a que las firmas únicamente desarrollen actividad de auditoría, se oponen frontalmente Francia, Alemania y Reino Unido.

*(Fuente: Estudio independiente de la Universidad de Goethe (Frankfurt) de 21 de noviembre sobre las respuestas dadas a la Comisión en el proceso de consultas del Green Paper sobre Política de Auditoría)

En contra de reguladores, agentes económicos y las empresas

La mayoría de las respuestas a la consulta impulsada por la propia Comisión, y en la que participaron 800 agentes económicos interesados que se manifestaron muy contrarios a estas propuestas. Así, reguladores, supervisores, representantes de la profesión y de los usuarios de la información financiera de forma muy mayoritaria rechazaron estas propuestas de la Comisión, al considerar que lejos de contribuir a mejorar el valor añadido de las auditorías, redundarían en una disminución de la calidad de las mismas e incrementarían sustancialmente los costes de las empresas en estos momentos de grave crisis económica.

Por otro lado, la Business Europe, la confederación empresarial europea más importante que aglutina a 20 millones de empresas del continente, y a la que pertenece CEOE, ha remitido sendas cartas a todos los comisarios criticando la reforma por el incremento de costes que supondría para las empresas, y por la disminución de la calidad de la auditoría.

En contra del Parlamento Europeo

Además, esta propuesta de la Comisión Europea ignora lo aprobado en septiembre por unanimidad en el Parlamento Europeo, que rechazaba las medidas propuestas y defiende una regulación más equilibrada.

Frente a la propuesta de la Comisión de establecer la rotación obligatoria de la sociedad de auditoría cuando se cumple un periodo de años, el Parlamento Europeo señala en su informe que "la actual rotación del socio proporciona la independencia necesaria para la efectividad de una auditoría". Por ello, se descarta la rotación de la empresa auditora, como ahora pide la Comisión

En cuanto a la Propuesta de la Comisión de la prohibición absoluta de prestar otros servicios diferentes de la auditoría, el Parlamento Europeo lo rechaza en su informe y apunta a la elaboración de una "lista de las condiciones bajo las que dichos servicios se considerarán incompatibles con la auditoría". Es más, el Parlamento Europeo reconoce que la prestación de esos servicios puede jugar un papel esencial en ampliar la capacidad de pequeñas y medianas firmas de auditoría.

En contra de los auditores

Rafael Cámara, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y vicepresidente de la Fédération des Experts Comptables Européens (FEE), criticó que "la Comisión saque adelante unas propuestas que lejos del consenso, generan gran oposición de la mayoría de instituciones y agentes económicos implicados", y advirtió que eso evidencia "que la propuesta de la Comisión está lejos de servir para impulsar la calidad de la auditoría y la confianza de los mercados", tan necesaria en esta crisis económica. Añadió que "medidas como la rotación obligatoria, las auditorias conjuntas, los nombramientos de auditores por los reguladores o las firmas puras de auditoría fueron claramente rechazadas en la consulta de la Comisión y por el Parlamento Europeo y sus resultados han sido contraproducentes en los países donde se han aplicado".

El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentín Pich, señaló que desde el punto de vista de las firmas medianas y pequeñas "lo aparente a veces no es lo conveniente ni lo útil", y algunos de los planteamientos introducidos en la propuesta pueden tener consecuencias negativas, "nos pueden llevar a situaciones que queríamos evitar", dijo. Considera que la propuesta de la Comisión no "facilita que los auditores aportemos el valor añadido que requiere la situación y las exigencias actuales, que es el trabajo que más beneficia a la sociedad y la economía".

Por último, el presidente del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles, dijo que se precisa reformar el texto para promover el interés público, y que el papel del auditor sea lo más eficaz posible".

Llamamiento al diálogo en el largo proceso de tramitación

Los tres presidentes hicieron una llamada a la responsabilidad y el diálogo para que en el largo proceso de aprobación del texto se escuche la opinión ya manifestada por inversores, agentes económicos, gobiernos, supervisores, empresas y representantes de la profesión y por supuesto a lo aprobado por el Parlamento Europeo.

Destacaron que hay tiempo para el diálogo ya que la norma inicia ahora una larga tramitación con su remisión al Parlamento Europeo y al Consejo, donde se debatirán las propuestas por el Colegio de Comisarios y en las comisiones parlamentarias correspondientes. En la práctica los debates tienen lugar en un proceso común de codecisión con la Comisión que puede alargarse hasta mediados del 2014.

Los representantes de la auditoría en España también criticaron el instrumento jurídico elegido por la Comisión Europea, porque la utilización de un reglamento supone la aplicación directa en los países de la Unión, sin margen de actuación para sus gobiernos o parlamento. Para la utilización de este instrumento se debe justificar que no se atenta contra el principio de subsidiariedad, algo que en este documento no se contiene. También perjudica manifiestamente la calidad de la auditoría pretender que los informes de auditoría deban contar como máximo con 10.000 caracteres y 4 páginas.