La Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento vasco ha aprobado este martes el dictamen del proyecto de ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), que incluye la posibilidad de que una persona que lleve seis meses desempleada pueda rescatar el fondo sin penalizaciones. El grueso del dictamen ha contado con el apoyo de PNV, PSE y PP, mientras que Aralar y EB se han opuesto –EA y UPyD no cuentan con representación en esta Comisión–.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la Comisión, Mikel Unzalu (PSE), ha recordado que el País Vasco fue pionero en el desarrollo de la previsión social voluntaria y ha subrayado que el proyecto de ley pretende "actualizar" el marco legislativo de 1983 para "ajustarlo a la realidad actual".

Según ha explicado, el Gobierno vasco pretende con esta ley "generalizar" la previsión social voluntaria en Euskadi como un elemento "complementario" a la previsión pública y "afianzar" la profesionalización de la gestión de las entidades y el "control" de los poderes públicos para proteger los intereses de la ciudadanía vasca. El dictamen "prima" a las entidades de empleo que surgen de la negociación colectiva o en el ámbito de una empresa.

La Comisión ha aprobado este martes que si un trabajador sufre determinadas contingencias como perder su trabajo, sufrir una discapacidad o invalidez, pueda rescatar el fondo que tenga en su plan de pensiones. En concreto, establece que una persona que lleve seis meses desempleado pueda rescatar el fondo sin penalizaciones y prevé la posibilidad de que transcurridos diez años se pueda retirar la cantidad depositada.

Respecto al debate de la Ponencia, Unzalu ha defendido que se ha procurado "un amplio consenso" a pesar de que no se ha conseguido unanimidad. "Creo que en los bloques sustanciales de la ley, los grupos mayoritarios de la Cámara hemos conseguido un amplio consenso", ha subrayado.

Asimismo, ha explicado que el dictamen ha recogido las enmiendas que se refieren al régimen sancionador planteadas por el PP, al considerar que "afinaban más" el proyecto de ley, aunque ha reconocido discrepancias con el PNV y Aralar en lo que respecta al sistema de mayorías para la adopción de decisiones.

DISCREPANCIAS

En este sentido, el parlamentario del PNV Alex Etxeberria, durante su intervención en la Comisión, se ha mostrado a favor de la actualización de esta ley y de la importancia que este proyecto le da a los planes preferentes, creados a través de convenios o pactos de empresa.

Sin embargo, ha rechazado la modificación de las mayorías para la adopción de decisiones, al considerar que su pone un "atajo" que "va en contra de la justificación de la ley" y ha planteado que se mantenga el sistema de mayoría cualificada que se utilizaba hasta ahora. "No ha habido problemas con este sistema y no entendemos las razones para modificar estas mayorías", ha indicado.

Desde el PP, Antonio Damborenea ha rechazado que se favorezca las pensiones privadas frente a las públicas porque se trata de un sistema "complementario" y se ha mostrado a favor de este proyecto de ley que establece la posibilidad de que, "en plena crisis económica, las personas puedan rescatar sus fondos para fomentar el autoempleo y no tener que esperar a jubilarse".

El parlamentario de Aralar Mikel Basabe, por su parte, se ha mostrado contrario al dictamen al considerar que plantea reformas "inadecuadas" como una "paridad falsa", y ha lamentado que sus enmiendas presentadas no hayan contado con el apoyo suficiente para salir adelante, anunciando su voto contrario.

Finalmente, el parlamentario de EB, Mikel Arana, ha rechazado esta ley al considerar que el Gobierno y los grupos que apoyan el proyecto apuestan por las pensiones privadas, "en un momento en el que la Seguridad Social está cada vez más debilitada y en el que la mayoría de los trabajadores tienen pocas posibilidades de ahorro". "Esta ley impulsa un proyecto financiero para que quienes tengan posibilidades económicas puedan ahorrar y los que no las tengan, se deban conformar con las pensiones públicas", ha concluido.