La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) ha recuperado este año 67,9 millones de euros de fondos europeos mal gestionados por los Estados miembros correspondientes a 2010, según recoge en su informe operativo anual.

De esta cantidad, 32,9 millones de euros se corresponden a fondos estructurales que han sido utilizados de forma fraudulenta por los Estados miembros, otros 11,9 millones son ayudas agrícolas mal gestionadas y otros 10,6 millones de euros se corresponden a ayudas directas desembolsadas el año pasado por el Ejecutivo comunitario.

OLAF ha logrado recuperar otros 351,2 millones de euros gracias al seguimiento financiero de otros casos que todavía están siendo objeto de investigación, por lo que sólo se computarán como fondos recuperados formalmente el año en que se cierren los casos.

La Oficina Antifraude europea abrió el año pasado 225 nuevas investigaciones y logró cerrar otros 189 casos, cifras muy similares al año anterior.

Como ya sucedió en 2009, el 60% de las denuncias afectan a presuntas actividades fraudulentas y otras actividades ilegales en seis Estados miembros –España, Alemania, Italia, Polonia, Rumanía y República Checa– aunque OLAF deja claro que sería "un error" inducir que se trata de los países "donde más fraude hay" porque podría responder a "una mejor cooperación" con OLAF para investigar casos concretos.

Al menos 22 investigaciones de un total de 419 afectan a España, incluidas una relacionada con la gestión de fondos agrícolas, tres sobre contrabando de cigarrillos, dos casos aduaneros, ocho sobre ayudas directas, cinco relativas a ayudas estructurales y dos relacionados con casos comerciales, además de una denuncia sobre la actuación de organismos comunitarios.

El número de denuncias de casos de fraude aumentaron en 2010 en Italia, Rumanía y República Checa y se redujeron en Luxemburgo, Bélgica y Austria. En el caso de Bélgica y Luxemburgo prácticamente se redujeron a la mitad las denuncias, fundamentalmente relacionadas con casos de mala praxis de las instituciones europeas.

En total, OLAF ha hecho evaluaciones sobre 691 denuncias de mala praxis el año pasado, muchas de ellas derivadas a tribunales nacionales en los Estados miembros que, por su parte, han impuesto multas financieras de cerca de 1.470 millones de euros.