Se calcula aplicando normalmente el 52% a la base reguladora del fallecido; puede alcanzar el 60% o el 70%. En 2026, las cuantías mínimas oscilan entre 709,40 y 1.256,60 euros mensuales en catorce pagas, según circunstancias y derecho a complementos. Puede solicitarse en cualquier momento, aunque conviene hacerlo dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento para evitar pérdida de efectos económicos. Es compatible con trabajar y con la jubilación propia, pero la suma de pensiones públicas está sujeta a límites. No debe confundirse esta compatibilidad con el mantenimiento automático de mejoras o complementos.
La pensión de viudedad es una prestación económica por fallecimiento, de carácter generalmente vitalicio. Pueden cobrarla mujeres y hombres: lo determinante es la relación con la persona fallecida y el cumplimiento de los requisitos legales, no el sexo del beneficiario.
El artículo 219 de la Ley General de la Seguridad Social reconoce el derecho al cónyuge superviviente cuando el fallecido reúne las condiciones exigidas. No es necesario que la persona viuda carezca de ingresos o dependiera económicamente del fallecido para acceder a la pensión ordinaria; otra cuestión son los requisitos económicos de determinados porcentajes y complementos.
El artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social exige, como regla general, una convivencia estable y notoria durante los cinco años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento y la inscripción en un registro específico o constitución mediante documento público con al menos dos años de antelación. Además, deben cumplirse las condiciones relativas a la ausencia de impedimentos matrimoniales y de otros vínculos.
Existe una novedad importante en octubre de 2026: cuando hay hijos comunes, basta acreditar mediante certificado de empadronamiento una convivencia estable y notoria de al menos dos años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento, sin inscripción registral ni documento público constitutivo. Por tanto, no es correcto afirmar, sin matices, que una pareja no inscrita nunca puede cobrar viudedad.
Para determinados fallecimientos anteriores a la reforma, la disposición transitoria cuadragésima octava permite solicitar excepcionalmente la pensión si concurren sus requisitos, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026. En esta vía, los efectos económicos comienzan el primer día del mes siguiente a la solicitud.
Como regla general, el artículo 220 exige ser acreedor de una pensión compensatoria que se extinga por el fallecimiento del causante y no haber contraído un nuevo matrimonio ni constituido otra pareja de hecho en los términos legales. La viudedad queda limitada al importe de la compensatoria cuando lo supera. Las mujeres que acrediten violencia de género en el momento de la separación o del divorcio pueden acceder sin pensión compensatoria.
Las separaciones y divorcios anteriores al 1 de enero de 2008 tienen reglas transitorias. Entre ellas, existe una vía para personas de 65 o más años cuyo matrimonio duró al menos quince años. La reforma de octubre de 2026 ha eliminado para esta vía el requisito de no tener derecho a otra pensión pública y contempla la rehabilitación de determinadas pensiones suspendidas.
Cuando concurren varios beneficiarios, la pensión se reparte proporcionalmente al tiempo vivido con el fallecido, con una garantía mínima del 40% para el cónyuge superviviente o la pareja de hecho beneficiaria que convivía con él.
Puede acceder el superviviente con derecho a la indemnización legalmente prevista y sin nuevo matrimonio ni pareja de hecho; la cuantía es proporcional al tiempo de convivencia.
Existe una vía específica que exige, entre otros requisitos, pensión compensatoria extinguida por la muerte y ausencia de nuevo vínculo, con excepción por violencia de género.
El período exigido depende de la situación del fallecido y de la causa de la muerte, conforme al artículo 219 de la Ley General de la Seguridad Social.
| Situación del fallecido | Cotización exigida |
| En alta o situación asimilada; muerte por enfermedad común | 500 días dentro de los cinco años anteriores al hecho causante. |
| En alta o situación asimilada sin obligación de cotizar | Los 500 días deben estar comprendidos en los cinco años anteriores al cese de la obligación de cotizar. |
| Fallecimiento por accidente, laboral o no, o enfermedad profesional | No se exige período previo de cotización, sin confundir esta dispensa con las restantes condiciones de acceso. |
| Sin alta ni situación asimilada | Se exige un mínimo de quince años cotizados. |
También pueden causar estas prestaciones quienes fueran titulares de una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente. No debe aplicarse automáticamente a estos casos la comprobación de cotizaciones prevista para un trabajador en activo.
No existe una exigencia universal de un año de matrimonio. El artículo 219.2 la establece cuando la muerte deriva de una enfermedad común anterior al matrimonio: en ese supuesto se requiere un año de vínculo o hijos comunes. Tampoco se exige ese año si la convivencia previa, sumada al matrimonio, supera los dos años en los términos legalmente previstos.
Si no se cumple la duración exigida y tampoco concurre alguna alternativa, puede corresponder la prestación temporal de viudedad del artículo 222: tiene la misma cuantía que la pensión que hubiera procedido y dura dos años, siempre que se reúnan los restantes requisitos. Ese artículo también contempla determinados supuestos de formalización insuficientemente anticipada de parejas de hecho.
| Beneficiario | Requisitos específicos principales |
| Cónyuge superviviente | Matrimonio válido; duración o alternativas solo cuando concurre el supuesto especial de enfermedad común anterior al vínculo. |
| Pareja de hecho sin hijos comunes | Convivencia de cinco años y formalización registral o pública con dos años de antelación, además de las restantes condiciones legales. |
| Pareja de hecho con hijos comunes | Conforme a la reforma de octubre de 2026, convivencia de dos años acreditada mediante empadronamiento, sin exigencia de inscripción o documento público. |
| Persona separada o divorciada | Regla general de pensión compensatoria extinguida por la muerte, ausencia de nuevo vínculo y posibles excepciones por violencia de género o régimen transitorio. |
La pensión no se calcula necesariamente sobre el último sueldo ni sobre la cantidad que el fallecido ingresaba como pensionista. Primero se determina la base reguladora y después se aplica el porcentaje correspondiente.
En el fallecimiento de un trabajador por enfermedad común, la regla general consiste en dividir entre 28 la suma de las bases de cotización de veinticuatro meses consecutivos elegidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante.
Si el fallecido era pensionista de jubilación o incapacidad permanente, se toma la base reguladora que sirvió para determinar su pensión, con las mejoras y revalorizaciones correspondientes. Por ello, aplicar directamente el 52% a la pensión que cobraba puede dar un resultado incorrecto.
| Porcentaje | Cuándo se aplica |
| 52% | Regla general, conforme al artículo 31 del Decreto 3158/1966. |
| 60% | Personas de 65 o más años, sin ingresos del trabajo y sujetas a las condiciones sobre otras pensiones públicas y restantes rentas. |
| 70% | Cuando existen cargas familiares, la viudedad constituye la fuente principal de ingresos y se cumplen conjuntamente los límites económicos. |
Para el 60%, el artículo 2 del Real Decreto 900/2018 exige, entre otras condiciones, no trabajar y no superar el límite aplicable a determinadas rentas. La percepción de otra pensión pública puede afectar a esta mejora; existe un tratamiento específico cuando su cuantía no excede del incremento.
Para el 70%, el artículo 31 del Decreto 3158/1966 considera principal la viudedad cuando representa al menos el 50% de los ingresos anuales. Las cargas familiares requieren convivencia con hijos menores de 26 años, mayores incapacitados o menores acogidos, y rentas familiares por miembro dentro del límite del 75% del SMI, excluidas las pagas extraordinarias. También opera un límite de ingresos personales. No basta con tener hijos a cargo.
Estas son las cuantías mínimas de referencia establecidas en el anexo I del Real Decreto 241/2026. Los importes mensuales equivalen a catorce pagas.
| Situación del titular | Importe mensual | Importe anual |
| Con cargas familiares | 1.256,60 € | 17.592,40 €. |
| Con 65 años o discapacidad igual o superior al 65% | 936,20 € | 13.106,80 €. |
| Entre 60 y 64 años | 875,90 € | 12.262,60 €. |
| Menor de 60 años | 709,40 € | 9.931,60 €. |
Estas cifras no son una cantidad automática para cualquier beneficiario. El complemento a mínimos está condicionado a los ingresos, la residencia exigible y sus límites legales. En 2026, el límite general de ingresos sin cónyuge a cargo es de 9.442 euros anuales; además, el límite del propio complemento puede impedir alcanzar la cuantía mínima de referencia.
Si se cobran varias pensiones, no se garantiza el mínimo de cada una por separado: se considera su suma y el mínimo más elevado que corresponda conforme a las reglas de concurrencia.
El artículo 46 de la Ley General de la Seguridad Social establece catorce pagas para las pensiones derivadas de contingencias comunes: doce mensualidades y dos extraordinarias, en junio y noviembre. Las pensiones derivadas de contingencias profesionales quedan fuera de este sistema de extras separadas.
La primera paga extraordinaria puede ser proporcional al período devengado. Para junio, el período va de diciembre a mayo; para noviembre, de junio a noviembre. Basta un día de abono de pensión en un mes para computar la sexta parte correspondiente.
Supongamos, como ejemplo ilustrativo, una base reguladora reconocida de 1.800 euros, aplicación del porcentaje general y ausencia de reparto entre beneficiarios. La pensión resultante sería de 936 euros mensuales: 1.800 × 52%. Si corresponde su abono en catorce pagas completas, el importe anual sería de 13.104 euros, antes de retenciones y sin añadir complementos.
Sí. La pensión de viudedad puede cobrarse junto con la jubilación propia. Es una excepción a la regla general de incompatibilidad entre pensiones del mismo régimen, recogida en el artículo 10 de la Orden de 13 de febrero de 1967.
La compatibilidad no significa que puedan acumularse sin límite. En 2026, el límite general de pensiones públicas es de 3.359,60 euros mensuales en catorce pagas, equivalentes a 47.034,40 euros anuales. Cuando las pensiones tienen diferente número de pagas, debe atenderse al cómputo anual.
Por ejemplo, dos pensiones ordinarias hipotéticas de 2.400 y 1.300 euros mensuales, ambas en catorce pagas, sumarían 3.700 euros mensuales y superarían ese límite general. Si se reconocen sucesivamente, la última queda limitada por el margen disponible; si nacen simultáneamente, se aplica la reducción proporcional correspondiente.
El SOVI tiene un límite específico: su suma con la viudedad no puede superar el doble de la pensión mínima de viudedad para titulares de 65 o más años, conforme a la disposición transitoria segunda de la Ley General de la Seguridad Social.
El artículo 223 de la Ley General de la Seguridad Social permite compatibilizar la viudedad con rentas del trabajo por cuenta propia o ajena. Empezar a trabajar no extingue por sí solo la pensión ordinaria. Sin embargo, puede afectar al porcentaje del 60%, al del 70% o al complemento a mínimos por sus respectivos requisitos.
La viudedad no se añade íntegramente al Ingreso Mínimo Vital como si fueran dos ingresos independientes. El artículo 13.6 de la Ley 19/2021 obliga a tener en cuenta la pensión, incluida la parte proporcional de las extras: el IMV no puede superar la diferencia entre la renta garantizada aplicable y las pensiones computables.
Si las pensiones alcanzan o superan la renta garantizada correspondiente, no procede reconocer el IMV. Si la viudedad se reconoce después, puede producir su reducción o extinción. El resultado depende de la composición y los ingresos de la unidad de convivencia.
El reconocimiento se solicita ante el INSS cuando el fallecimiento deriva de enfermedad o accidente no laboral. En contingencias profesionales interviene la entidad gestora o mutua responsable de su cobertura. La Seguridad Social dispone de presentación electrónica mediante los sistemas de identificación y firma habilitados.
La solicitud debe permitir acreditar la identidad, el fallecimiento y la relación que fundamenta el derecho. Según el supuesto, resultarán relevantes la acreditación del matrimonio; la inscripción o documento público de pareja y la convivencia; o la resolución de separación o divorcio y la pensión compensatoria. Cuando se invoque una excepción por violencia de género, debe acreditarse esa circunstancia por los medios admitidos legalmente.
El artículo 230 de la Ley General de la Seguridad Social declara imprescriptible el derecho: no se pierde por dejar pasar tres meses. Lo que puede perderse son mensualidades, porque una solicitud tardía tiene, como regla general, una retroactividad máxima de tres meses.
En el supuesto ordinario de fallecimiento de un trabajador, la presentación dentro de los tres meses siguientes permite efectos desde el día siguiente al hecho causante. Debe distinguirse esta regla de los supuestos especiales y de la vía excepcional abierta por la reforma de octubre de 2026, cuyos efectos comienzan el primer día del mes siguiente a la solicitud.
La pensión ordinaria de viudedad tributa como rendimiento del trabajo, conforme al artículo 17.2.a).1.ª de la Ley del IRPF. Que se origine por el fallecimiento de otra persona no la convierte en una herencia ni determina su exención.
Puede estar sujeta a retención, aunque esta resulte cero por su cuantía y circunstancias. Existen excepciones específicas, como las prestaciones públicas por terrorismo; tampoco debe confundirse una retención nula con una pensión exenta.
El artículo 223 establece como causa de extinción contraer nuevo matrimonio o constituir una pareja de hecho en los términos legales, sin perjuicio de las excepciones reglamentarias. No basta, por tanto, con describir cualquier nueva relación sentimental como causa automática de pérdida.
Puede conservarse la pensión tras el nuevo vínculo si concurren conjuntamente las condiciones exigidas: ser mayor de 61 años o cumplir las condiciones previstas de incapacidad o discapacidad; que la viudedad represente al menos el 75% de los ingresos personales; y que los ingresos conjuntos no superen dos veces el SMI anual, incluidas las extras.
También se pierde por fallecimiento del beneficiario o por condena firme por un delito doloso de homicidio contra el causante. En los casos de desaparición, se extingue si se comprueba que la persona presuntamente fallecida sigue viva.
Debe distinguirse la extinción de la pensión de la pérdida de una mejora: dejar de cumplir las condiciones del 60% o del 70% puede reducir el importe al porcentaje ordinario sin eliminar el derecho a la viudedad.
La viudedad protege al cónyuge, pareja o excónyuge que reúne las condiciones legales. La orfandad protege a los hijos beneficiarios y tiene reglas propias de edad, capacidad e ingresos. No son dos nombres para la misma prestación.
Ambas pueden coexistir dentro de una familia, con límites sobre la base reguladora y reglas especiales de incremento en la orfandad absoluta. La falta de derecho a viudedad no implica por sí misma que desaparezca la protección de los hijos.
No existe una cantidad única. La regla general es el 52% de la base reguladora, con posibles porcentajes del 60% o del 70%. Las mínimas de referencia van de 709,40 a 1.256,60 euros mensuales en catorce pagas, pero su aplicación depende de las circunstancias y del derecho al complemento.
Sí, en determinados supuestos. La inscripción puede sustituirse por documento público constitutivo con la antelación exigida. Además, tras la reforma de octubre de 2026, las parejas con hijos comunes pueden acceder acreditando dos años de convivencia estable e ininterrumpida mediante empadronamiento, sin formalización registral o pública, si cumplen las restantes condiciones del artículo 221.
Como regla general, sí. Puede conservarse si se cumplen conjuntamente las condiciones reglamentarias de edad o discapacidad, importancia de la viudedad en los ingresos y límite económico del nuevo matrimonio. El posterior divorcio no reactiva automáticamente una pensión extinguida.
Puede tenerlo. La regla general exige pensión compensatoria extinguida por el fallecimiento y ausencia de nuevo vínculo, con excepciones por violencia de género y para determinadas separaciones o divorcios anteriores a 2008.
En junio o noviembre, si la pensión tiene extras separadas. Su importe puede ser proporcional: se calcula atendiendo a los meses devengados del semestre correspondiente, computándose una sexta parte por cada mes con al menos un día de abono de pensión.
Permisos parentales en 2025
Ley de Vivienda
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