Este jueves finalizaba el plazo para presentar las propuestas de modificación del articulado de la ley, y las diferentes formaciones políticas han sumado 4.326 iniciativas, entre las enmiendas a la parte dispositiva, los vetos a la totalidad de las secciones o las propuestas de asignación de gasto diferente al planteado por el Gobierno. Estas enmiendas se suman a las trece de totalidad que ya fueron rechazadas por el Pleno del Congreso gracias a la mayoría absoluta del PP.

Muy por delante de todos los demás se sitúa el PSOE, que ha superado las 1.600 enmiendas parciales en las que se resume el planteamiento político y económico que llevará a las elecciones generales de finales de año. En total, el principal partido de la oposición propone movilizar más de 11.000 millones de euros, sobre todo para incrementar el gasto social.

Prioridades diferentes

También se propone un cambio de política económica y un aumento de gasto social en las 545 enmiendas que ha registrado la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), entre las que se incluyen iniciativas de entidades como Comisiones Obreras o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El año pasado la coalición llegó a las 800 enmiendas.

UPyD se mantiene en cifras muy similares a las del pasado ejercicio –243 enmiendas este año, tras retirar una, frente a las 265 de 2014– y recupera iniciativas de las que ha hecho bandera desde su fundación, como la eliminación de las diputaciones provinciales o la fusión de ayuntamientos, sumadas a iniciativas para incrementar el gasto social y la protección a los parados.

Convergència (CDC) y Unió (UDC), que afrontan la primera tramitación parlamentaria de unas cuentas estatales desde que se rompió la coalición, presentaron 640 enmiendas de forma conjunta, a las que la formación que lidera Josep Antoni Duran i Lleida sumó otra docena. La gran mayoría de sus propuestas, como ya sucedió el año pasado con sus 517 enmiendas, pretenden reasignar fondos para financiar nuevas inversiones en Cataluña, pero también para promover un cambio de modelo productivo.

Por su parte, el PNV sigue en su línea habitual de registrar pocas enmiendas pero muy concretas y, en sus ocho propuestas –el año pasado llegó a la veintena– se centra en temas competenciales y proyectos de inversión prioritarios en el País Vasco.

Pocos cambios

Finalmente, en el Grupo Mixto hay gran disparidad. Así, mientras formaciones como ERC superan las 400 propuestas –aunque todas a las secciones para reasignar gasto–, Compromís-Equo pasa de las 300, el BNG pasa de las 200 y CC-NC llega a las cien, otras como Foro Asturias (FAC) o Geroa Bai se quedan en el entorno del medio centenar, como en ocasiones anteriores.

Por su parte, Unión del Pueblo Navarro (UPN) registra únicamente siete propuestas (dos de ellas consensuadas con los ‘populares’) y Amaiur sólo plantea tres modificaciones. Todas estas formaciones dedican gran atención al gasto destinado a sus comunidades de referencia.

Del mismo modo, los ‘populares’ se han limitado a registrar casi un centenar de enmiendas, una cantidad similar a la de los últimos años, fundamentalmente para corregir algunos errores técnicos e introducir pequeñas reasignaciones de gasto.

Pese a que el número de enmiendas presentadas se ha movido en torno a las 4.000 durante todos los ejercicios de esta legislatura, el PP sólo ha aceptado incluir tres en 2012, dos en 2014 y una en 2015. En 2013 no aprobó ninguna propuesta de la oposición en el Congreso.

Calendario de tramitación

Las enmiendas parciales registradas serán revisadas por la Ponencia de la Comisión de Presupuestos la próxima semana, ya que tiene de plazo hasta el 4 de septiembre para emitir su informe, en el que se incorporarán, previsiblemente, sólo los cambios propuestos por el PP y los pactados con UPN.

El resto de iniciativas se debatirán durante la semana del 7 al 11 de septiembre. Las que queden vivas tras este trámite, junto con el dictamen del proyecto de ley, serán elevadas al Pleno que, previa comparecencia de todos los ministros entre el 14 y el 16 de septiembre para defender el detalle del Presupuesto de sus departamentos, las votará por última vez.

Después, se remitirá el texto resultante al Senado, donde se repetirá la misma tramitación, con la previsión de que el proceso quede finiquitado en la semana del 13 al 15 de septiembre, un mes después de recibirlos.

Cualquier modificación que se haya introducido en la Cámara Alta deberá ser ratificada por el Congreso, lo que ocurrirá previsiblemente en un Pleno que se celebrará el jueves 22 de octubre, dejando así aprobados los Presupuestos de 2016 antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales.