Antonio Montero Domínguez, subdirector general de Tributos, centró su exposición en la aportación de la prueba tanto en el ámbito de la aplicación de los tributos como en el ámbito de la revisión, destacando la enorme dificultad que supone compaginar el derecho a la defensa en el ámbito tributario con la función de comprobación que debe llevar a cabo la Administración.

Para Montero, no es una práctica ajustada a derecho la estrategia de los contribuyentes basada en no aportar las pruebas en el momento oportuno pudiendo hacerlo, para aportarlas posteriormente en fase revisora, destacando así, la importancia de que los órganos de aplicación de los tributos tengan en el momento oportuno todos los elementos necesarios para determinar la corrección o incorrección de una determinada actuación del contribuyente.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Garzón Herrero, se refirió a la prueba en el ámbito procesal, afirmando que el derecho a practicar la prueba en el ámbito contencioso tiene el mismo alcance que en cualquier otro tipo de procesos y que el Artículo 24 de la Constitución lo garantiza sin que exista razón alguna para limitarlo. En lo referente a la carga probatoria de las facturas, recordó que los defectos formales irrelevantes no deben hacer perder su valor a las facturas.

Por último, Francisco Adame Martínez, catedrático de la Universidad de Sevilla, explicó que las restricciones o limitaciones en el ámbito de la prueba pueden menoscabar el Derecho a la Defensa. En su opinión, la solución a la aportación tardía de pruebas debe analizarse caso por caso para no colisionar con este derecho, debiéndose interpretar las normas con la mayor flexibilidad posible.

Tras finalizar la ponencia, tuvo lugar la clausura del Congreso en la que intervinieron Gerardo Martínez Tristán, vocal del CGPJ; el director general de Tributos, Diego Martín-Abril; Manuel José Baeza Diaz-Portález, magistrado del TSJ de la Comunidad Valenciana y director del Congreso; Eduardo Luque Delgado, presidente de la AEDAF; y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido Álvarez. Todos los intervinientes en el acto coincidieron en la necesidad de seguir fomentando este tipo de encuentros con la finalidad de favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre magistrados, asesores fiscales y miembros de la Administración Tributaria.