El Consejo Fiscal ha aprobado el informe que remitirá en los próximos días al Ministerio de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas.

El Consejo muestra su malestar y lamenta que una vez más se acuda a la indeseada técnica legislativa de regulación parcial. Se desaprovecha la ocasión de abordar de forma definitiva la necesaria reforma del sistema procesal penal español.

Se acoge, sin embargo, favorablemente la regulación de las intervenciones que afectan a Derechos Fundamentales recogidos en el art. 18 de la Constitución ante la falta de regulación actual.

Diversos puntos de la Ley son objeto de crítica por parte del Consejo Fiscal, en particular los siguientes:

*La fijación por la proyectada reforma de un sistema de plazos en la instrucción de las causas.

*La posibilidad de que las intervenciones telefónicas y las interceptaciones de las comunicaciones, en caso de urgencia, puedan ser concedidas por el ministro del Interior o, en su defecto, por el secretario de Estado de Seguridad fuera de los supuestos de terrorismo debe ser suprimida por resultar contraria a la Constitución.

*El proceso de aceptación del Decreto del Fiscal en fase de instrucción resulta innecesario ante la satisfactoria regulación actual del sistema de conformidad.

Asimismo, se propone la necesidad de regulación de la obligatoriedad de la trascripción por los secretarios judiciales de las grabaciones de las declaraciones en las actuaciones de instrucción.

Se insiste en un nuevo tratamiento del juicio de faltas.