El fallo de la Audiencia parte de considerar a los trabajadores de las mutuas como parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012, según ha informado este martes la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT).

A pesar de ello, algunas mutuas, en virtud de lo pactado en el convenio colectivo sectorial de Seguros, Reaseguros y Mutuas, ha venido actualizando las tablas salariales de sus trabajadores desde al año 2010. Fue, por ejemplo, el caso de Mutua Montañesa, sobre la que versa la sentencia de la Audiencia Nacional.

Un informe de auditoría de la Seguridad Social emitido en 2012 manifestaba que estas subidas salariales eran incorrectas y que debían aplicarse las tablas salariales de 2010 en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012.

Fue entonces cuando la mutua inició un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que finalizó con un recorte en la nómina de sus trabajadores, hecho que la Federación de Servicios de UGT denunció ante la Audiencia Nacional.

La Sala ha desestimado la demanda sindical argumentando que las normas con rango de ley, en este caso la Ley de Presupuestos, se encuentran por encima de los convenios colectivos y que, a partir de 2010, los incrementos salariales del personal no directivo de las mutuas están sujetos a los mismos límites que los correspondientes al personal laboral del servicio público estatal.

Recurso ante el Supremo

La sentencia no es firme, pero si se confirma provocaría que las tablas salariales de los trabajadores de las mutuas volvieran a los niveles de 2010, según ha advertido, en declaraciones a Europa Press, el responsable del sector de Seguros y Oficinas de FeS-UGT, Álvaro Vicioso, que ya ha anunciado que presentarán recurso ante el Tribunal Supremo.

Vicioso ha denunciado que desde el Gobierno se considera a los trabajadores de las mutuas como personal público cuando en realidad desempeñan su trabajo en entidades 100% privadas. "Las mutuas colaboran con la Seguridad Social pero son asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro y, por tanto, entidades con carácter jurídico probado", ha alegado.

Desde FeS-UGT critican que, mientras no se modifique la normativa y deje de considerarse a los trabajadores de las mutuas como empleados públicos, sus condiciones económicas serán las mismas, en tanto que sus condiciones laborales (entre ellas el despido) serán las propias del sector privado.

El sindicato ha explicado además que las mutuas han venido cumpliendo con la normativa que les es de aplicación intentando mantener al mismo tiempo cierta autonomía de gestión, principalmente en lo económico.

"Esta situación ha supuesto una permanente batalla campal entre la Administración y las mutuas. La primera habla de insuficiente transparencia en la gestión de estas entidades, mientras que las mutuas se quejan de constantes injerencias por parte de la Administración. Mientras se discute de si son galgos o podencos, los empleados del sector sufren una pérdida de poder aquisitivo superior al 15%", ha denunciado FeS-UGT.