Es de esperar que en la actual legislatura la gestión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que no ha cambiado de titular, sea mejor que la demostrada en el periodo anterior. Al menos, en lo que respecta al ámbito de la Seguridad Social, pues, entre otras cosas, varias decisiones de sus departamentos técnicos han tenido que ser revocadas por erróneas; departamentos que en ocasiones se han inhibido de los problemas para dejar que sean ventilados en los tribunales, como son la cotización por parte del Servicio Público de Empleo Estatal por los desempleados provenientes de un único contrato a tiempo parcial, y la obligatoriedad, inventada por esos técnicos, del  pago  por parte de los trabajadores del convenio especial preceptivo para los mayores de 55 años en los expedientes de regulación de empleo. Aparte de que se han llevado al ordenamiento jurídico normas muy discutibles y hay anunciadas otras del mismo cariz para la presente legislatura. A pesar de que se le presenta complicada al citado ministerio porque tiene ante sí el reto de la pervivencia del sistema de pensiones y el propiciar la creación de mejor empleo.

Una de las últimas normas de calado fue el aumento de las pensiones causadas a partir del primer día del año en curso por mujeres que hayan tenido más de un hijo. Cabe suponer que la ocurrencia tuvo motivos electoralistas, porque si lo que se pretende con ella es que aumente la natalidad, lo lógico era establecer que esa mejora se aplicara a las mujeres que hubieran tenido hijos después de 2015, aunque en el cómputo de los mismos también entraran los habidos con anterioridad. Y ahora se ha anunciado la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo en activo, lo cual parece pensado, aunque no lo haya dicho la señora ministra, para algún sector laboral concreto.

Es de esperar que al redactar la norma anunciada se tenga en cuenta no impedir que queden puestos de trabajo libres para ser ocupados por desempleados, en especial jóvenes con talento, pues la señora Báñez justifica tal medida para que se mantenga activo el talento que suele quedar inactivo con la jubilación. Si no es así, y se establece con carácter general, puede resultar un duro golpe para el presupuesto del sistema de pensiones; y si se deja que la permanencia en el trabajo por cuenta ajena dependa únicamente de la decisión de los empleados, la medida puede ser nefasta para las empresas. También ha anunciado doña Fátima más apoyo al trabajo autónomo, pero en aspectos que pueden tener como consecuencia nuevas bolsas de fraude y, a la larga, una desprotección social para los trabajadores afectados, cuando sería más efectiva una política encaminada a eliminar el falso autónomo y un mayor apoyo fiscal al que realmente lo sea, en lugar de la exención de cotizar a la Seguridad Social, que no es un impuesto sino la aportación a un sistema solidario de prestaciones del que se beneficia quien contribuye al mismo con mayores cuantías, gran parte de las veces, de las que ha aportado.

Nada se ha dicho aun de cómo lograr una mayor calidad en el empleo, aunque es otro de los proyectos anunciados. Quizás porque se tenga claro que son necesarias medidas coactivas y se teme su rechazo por los empresarios; medidas que vigilen la legalidad de los contratos que no tengan carácter fijo, con las que además se evitaría entrar en la vía de procesos judiciales en que puede derivar el criterio de la justicia europea sobre las indemnizaciones por finalización de los mismos. Pero, claro, todo eso se puede llevar a cabo pensando en el futuro, pero no legislando para corto plazo o en base a ocurrencias.

Enrique García Tomás