En una interpelación del PSOE sobre este asunto, Montoro ha subrayado que la prioridad en este momento es hacer que el crédito fluya a los emprendedores, y que "lo que no es pertinente es que con figuras tributarias que pueden tener su justificación recaudatoria se segmente aún más el mercado interior bancario, haciéndolo ineficiente", tal y como advirtió la Comisión Europea (CE) cuando se aprobó este gravamen en regiones como Extremadura o Andalucía.

Así, pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) reconoce que las comunidades autónomas tienen potestad para establecer un impuesto de estas características, es necesario "evitar problemas de desacoplamiento en la actividad bancaria en los diferentes territorios, armonizando y homogeneizando esa fiscalidad", así como no asustar a los depositantes con gravámenes que, a la larga, podrían restringir aún más la liquidez.

Esto ha llevado al Gobierno a hacer "una reserva" de esta figura tributaria para que su implantación desde las autonomías no provoque una segmentación del mercado y dificulte el crédito, según el ministro, que ha matizado además que la "propuesta inicial" de aplicar un tipo cero está "sujeta a estudio" y ha precisado que el gravamen "no es sobre los bancos, sino sobre los depositantes, que somos todos".

También sobre transacciones financieras

A renglón seguido, Montoro ha apuntado que también se está haciendo un seguimiento de la aplicación del Impuesto sobre Transacciones Financieras en Francia para conocer su "viabilidad" con vistas a decidir si se establece también en España.

"No lo hemos descartado", ha añadido, subrayando que "hay que ir valorando primero todos los regímenes tributarios en el contexto europeo, ver sus efectos y, sobre todo, (asegurarse de que) no distorsionan el mercado interior".

Posteriormente, desde el Gobierno han precisado que la idea inicial sería hacer que el Impuesto de Transacciones Financieras y el de Depósitos Bancarios se aplicaran de forma conjunta, sin precisar nada más sobre la medida.

El PSOE usa "discursos demagógicos"

Por todo ello, el titular de Hacienda ha instado a los socialistas a "no utilizar el discurso demagógico de los privilegios a los bancos" porque en la actual coyuntura es "muy impropio, muy inadecuado y muy inoportuno". "Con decir que hacemos favores a la banca lo tiene todo resuelto, ¿no? No hay crédito, la banca no ha hecho la digestión del sector inmobiliario, ha sido puesta en cuestión hasta el punto de tener que pedir la ayuda europea pero nada de eso cuenta", ha recriminado.

También ha remarcado los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para ayudar a las comunidades autónomas a hacer frente a sus pagos (con el plan de proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica), y ha asegurado que habla "todos los días" con los responsables autonómicos, que tienen "otras preocupaciones" más allá del Impuesto sobre Depósitos Bancarios.

Asimismo, ha puesto en valor los cambios acometidos en el Impuesto de Sociedades o en el de Actividades Económicas para "mejorar la equidad tributaria y recaudar más", así como las modificaciones en materia de blindajes e indemnizaciones a altos directivos bancarios y de grandes empresas. "Eso no lo hizo el Gobierno anterior", ha espetado.

En este punto, ha cargado también contra los medios de comunicación que tanto "celebran" este tipo de medidas fiscales, afirmando que "si estuvieran a bien con la Hacienda pública el ministro estaría mucho más complacido con su posición solidaria con los españoles".

"En vez de dar tantas lecciones de ética a través de editoriales lo que tienen que hacer es pagar religiosamente los impuestos en los plazos pertinentes y colaborar de esa manera a corregir el déficit público y a financiar correctamente los servicios públicos", ha apostillado.

Para concluir, Montoro ha instado al PSOE a presentar una moción que incorpore estas reflexiones para poder "llegar a un acuerdo satisfactorio" y que los ‘populares’ voten a favor, y les ha emplazado a "volver a un debate mucho más sosegado, más razonado y con argumentos de peso".

Argucia legal para beneficiar a la banca

Por su parte, el diputado socialista Antonio Hurtado ha acusado al ministro de cometer un "auténtico fraude de ley" al "inventarse un artificio tributario" para impedir que las comunidades autónomas puedan gravar a las entidades financieras y obtener nuevos ingresos con los que sostener los servicios públicos.

"Utiliza usted las argucias de un mal perdedor. Parece que le tiene fobia, urticaria, a las comunidades autónomas y que lo que intenta es intervenirlas. Además, su decisión es de una clarísima deslealtad institucional, porque no ha tenido la vergüenza política de convocar a las comunidades, y vulnera el principio de suficiencia financiera y de corresponsabilidad fiscal efectiva" además de "invadir clarísimamente competencias" regionales, le ha acusado.

Y todo, ha dicho, con el único objetivo de dar "un trato de favor y un nuevo privilegio a la banca a cargo de los bolsillos de los ciudadanos", ya que el gravamen se aplicaría sobre los rendimientos de las entidades financieras y no sobre los depositantes como había asegurado Montoro. "No me deja de sorprender cada vez que le escucho. Sus palabras son de auténtico cinismo político", ha reiterado, previendo una nueva sentencia desfavorable del TC.

Hurtado también le ha preguntado cómo y durante cuánto tiempo va a compensar a Andalucía y Extremadura por lo que dejarán de recaudar al tener que cancelar el impuesto, así como qué pasará con el resto de comunidades autónomas que no contaban con él. "El resto, ¿qué hacen, se chupan el dedo, no cobran? Es increíble, señor Montoro, que un ministro de Hacienda con el prestigio que usted se autoatribuye no sea capaz de tener un comportamiento como mínimo responsable", ha reprochado.

Por eso, ha reclamado al Ejecutivo que anule su impuesto y permita a las comunidades que recauden los mil millones de euros aproximadamente que se podrían obtener por esta vía y que establezca un "verdadero impuesto estatal" sobre las transacciones financieras, con el que se podrían llegar a ingresar hasta 2.500 millones, según sus cálculos. "Eso sería lo razonable en un Gobierno digno", ha zanjado.