Durante el debate de totalidad del proyecto de ley de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el Pleno del Congreso, el ministro ha recordado que esta norma supone el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España con las instituciones europeas, y que es un paso más en la aplicación del principio del equilibrio financiero, tras la reforma de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Así, con esta nueva institución "independiente" el país contará con un órgano de análisis y asesoramiento del conjunto del sector público, que también aportará previsiones económicas sobre las que deberán asentarse las proyecciones de las diferentes administraciones y sus presupuestos, planes de estabilidad o planes económico financieros, entre otros.

Asimismo, estará encargada del seguimiento y la emisión de recomendaciones a las diferentes administraciones, y entre sus funciones se contará también la capacidad de activar los mecanismos de corrección en caso de que se detecten desviaciones.

Se respetan las competencias

Para el diseño del organismo se han seguido las líneas básicas de la legislación similar del ámbito europeo, aunque el proyecto español es "el más avanzado" de cuantos países (dentro y fuera de la UE) cuentan ya con esta figura, en palabras del ministro. Además, se ha tenido en cuenta el modelo autonómico español, por lo que según Montoro no conculcará las competencias de otras administraciones.

"Se trata de dar el control fiscal a una entidad independiente, un control que no empañan ni ensombrecen para nada los fundamentos de la Democracia ni la tarea del Parlamento ni la responsabilidad política de los gobiernos. No se trata en modo alguno de empequeñecer o minusvalorar las funciones de los elementos fundamentales de nuestra democracia ni a la hora de proponer el ciclo presupuestario hasta la aprobación definitiva de las cuentas por el representante de la soberanía", ha asegurado.

Según Montoro, la adscripción de la Autoridad Fiscal al ministro de Hacienda "refuerza su autonomía" al crear un "cauce directo" entre ambas instituciones. Además, ha subrayado que el presidente será elegido entre quienes ostenten "reconocido prestigio" en este ámbito y además deberá ser aceptado por el Congreso, lo que a su entender reforzará también su autonomía.

Para financiar el organismo las administraciones públicas objeto de la supervisión deberán pagar una tasa por los informes que emita la Autoridad Fiscal.

"Este proyecto dotará a España de una institución independiente, con autonomía funcional, que garantizará el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero. Es un supervisor, se extiende la supervisión a todas las administraciones públicas", ha concluido el ministro, apostillando que con este nuevo organismo se contribuirá a la recuperación de la confianza en el país, necesaria para salir de la crisis.