Así lo ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, después de que el diputado de CiU Toni Picó le preguntara por el balance que hace de la implantación del régimen del IVA con criterio de caja tras estar casi nueve meses en vigor.

En su respuesta, el ministro ha reconocido que apenas 22.000 pymes y autónomos –a partes iguales– han optado por utilizar este sistema, que les permite no pagar el IVA a la Administración pública hasta cobrar la factura correspondiente. Una cifra muy alejada de los 2,3 millones de beneficiarios potenciales que Hacienda estimó en la memoria económica de la Ley de Emprendedores con la que se creó este sistema.

"Es una cifra importante, pero muy lejana del potencial. Es el primer año, estamos aprendiendo todos a gestionarlo y lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es ver la experiencia para seguir perfeccionando el sistema, por la liquidez que aporta a las pymes. Y, por eso, también estamos a disposición de los grupos, ahora que acometemos la reforma tributaria, para perfeccionar este sistema. Por supuesto, mostrar nuestra mejor disposición (a retocar el régimen) en la tramitación de la reforma fiscal y también en los Presupuestos, que traeremos a la Cámara la semana próxima", ha dicho Montoro.

Nuevo instrumento de financiación

En este punto, ha añadido que las cuentas para 2015 también incluirán un "nuevo instrumento de financiación para pymes y autónomos" que se nutrirá tanto de los Fondos Estructurales de la UE como de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y que servirá para "facilitar liquidez y financiación no sólo para nuevas inversiones de pymes y autónomos, sino para el propio circulante".

Según el ministro, el Gobierno ya negocia con las comunidades autónomas esta nueva herramienta, que se enmarca en el Plan de Impulso de la Economía y que será fundamental "en esta fase de evolución económica" que atraviesa el país para "apostar también por la supervivencia de todo el tejido" de pequeñas y medianas empresas y autónomos del país, que deben ser "motor" de la recuperación.

Por su parte, Picó se ha congratulado del anuncio del titular de Hacienda de revisar el sistema, porque "no ha sido de gran aplicación" como demuestra no sólo que apenas 22.000 contribuyentes de los 2,3 millones previstos se hayan acogido a él, sino también el impacto que ha tenido sobre los ingresos tributarios, que ha sido de unos 60 millones de euros, muy lejos de los 983 millones que calculaba el Ministerio.

"Y la morosidad y el retraso en los cobros de las facturas continúan, mientras la gran mayoría de pymes y autónomos siguen avanzando el pago del IVA que aún no han cobrado", ha lamentado el diputado catalán, que ve necesario un debate sobre "por qué no ha funcionado" el sistema con la vista puesta en "revisarlo" para conseguir los objetivos que se marcaron con su puesta en marcha. Por ello, ha anunciado que CiU presentará una enmienda parcial en el marco de la reforma fiscal en este sentido.

Mismos datos que en mayo

El pasado 6 de mayo, el ministro Montoro ya reconoció en el Senado que apenas unas 22.000 personas físicas y jurídicas se habían acogido al IVA de caja, y en una respuesta parlamentaria publicada en el mismo mes admitía que esa cifra suponía apenas un 1% de lo previsto. Concretamente, 10.385 pymes del más de millón previsto y 11.184 autónomos del 1,3 millón potencialmente beneficiario.

El IVA de caja, aprobado con la Ley de Emprendedores, se reguló por decreto en octubre de 2013 y entró en vigor el 1 de enero de este año. Su aplicación –que es voluntaria– está prevista para pymes y autónomos con una facturación de hasta 2 millones de euros, salvo en relación con los cobros en efectivo que se realicen respecto de un mismo destinatario que superen los 100.000 euros anuales.

Los contribuyentes beneficiarios pueden así retrasar el pago del IVA a la Hacienda pública hasta cobrar la factura, en lugar de tener que abonarlo en el momento de emitirla, o como muy tarde hasta el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquél en que se haya realizado la operación si el cobro no se ha producido.

Además, conlleva nuevas obligaciones de información y de registro de la facturación, y supone también que los clientes de las pymes y autónomos acogidos al régimen especial deban utilizar el criterio de caja también respecto a las operaciones realizadas con ellos. El acogimiento o la renuncia a esta opción debe comunicarse en el mes de diciembre anterior al ejercicio en el que debe surtir efecto, y la renuncia vincula por un periodo de tres años.