Se destinan indemnizaciones económicas a los familiares de las víctimas y a quienes hayan sufrido incapacidades graves. Además, se habilitan fondos para la reparación de viviendas, enseres y establecimientos comerciales e industriales afectados. Las corporaciones locales también recibirán subvenciones para reconstruir infraestructuras esenciales, como carreteras, puentes, redes eléctricas y sistemas de agua potable.
El decreto-ley incluye exenciones y reducciones en impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para los inmuebles y negocios dañados, con la posibilidad de solicitar la devolución de impuestos ya pagados. Asimismo, elimina las tasas administrativas por la emisión de duplicados de documentos destruidos, como el DNI o los permisos de conducción.
Para proteger el empleo y la estabilidad económica, las empresas y autónomos afectados podrán solicitar exenciones temporales en las cuotas de la Seguridad Social, aplazamientos en los pagos y moratorias en los procedimientos de recaudación. En el caso de los trabajadores autónomos, se permite acceder a prestaciones por cese de actividad sin cumplir los requisitos habituales.
Se habilita una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para proporcionar liquidez a hogares y empresas afectadas. Además, se establecen moratorias para el pago de créditos y préstamos, tanto hipotecarios como sin garantía, con opciones para reestructurar las deudas y evitar penalizaciones.
Las zonas más afectadas contarán con medidas específicas para proteger los derechos de los consumidores. Se suspenden los plazos para ejercer derechos contractuales, como el desistimiento o la devolución de bienes y servicios, hasta que se recupere la normalidad. También se regula la posibilidad de resolver o modificar contratos afectados por la fuerza mayor derivada de la DANA.
Para minimizar el riesgo de futuras catástrofes, brigadas forestales se encargarán de limpiar cauces y reparar infraestructuras hidráulicas dañadas. También se flexibilizan los procedimientos legales para agilizar la gestión de residuos y escombros en las áreas perjudicadas.
El Real Decreto-ley ha entrado en vigor el 6 de noviembre de 2024, con la intención de ofrecer una respuesta inmediata y ajustarse a la evolución de las necesidades en las zonas afectadas.
Ley de Vivienda
El despido nulo. Infografía
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