Así lo ha indicado la titular de Sanidad y Servicios Sociales en la Cámara Baja, en respuesta a una interpelación formulada por el portavoz de CiU en la materia, Carles Campuzano, asegurando que dicha modificación garantizará la sostenibilidad y la equidad del sistema de atención a la dependencia.

"Las diferencias en la valoración, en el acceso, en la financiación y en la gestión, nos obligan a articular una reforma que logre una aplicación más coordinada en todo el territorio, con criterios comunes, que garantice la sostenibilidad de la dependencia y que permita seguir adelante a la hora de atender a estas personas con calidad", ha señalado.

Mato ha defendido también que esta reforma se planteará ante el Consejo Territorial de Dependencia porque considera que debe ser una modificación normativa que tiene que estar compartida por "gran parte" de las comunidades autónomas, además de que formará parte del pacto sociosanitario sobre el que está trabajando el Ejecutivo en estos momentos.

Con ello ha dicho que el Gobierno tiene sobre la mesa un acuerdo de reforma sanitaria que conseguirá ahorros, que va a permitir el mantenimiento de la calidad de la Sanidad en todas las comunidades autónomas, a la vez que espera lograr lo mismo con las comunidades en este aspecto social.

Proyecto de ley de servicios básicos ciudadanos

"En base a esos dos grandes acuerdos traeremos a la Cámara un proyecto de ley de servicios básicos para los ciudadanos que será el punto clave de un pacto sociosanitario para España", ha insistido, al mismo tiempo que ha reiterado que se trata de reforzar la cohesión territorial, garantizar la igualdad de derechos de personas y apostar por la eficiencia en el uso de los recursos económicos de la dependencia y, buscando el máximo consenso posible con las comunidades autónomas.

Entre otros aspectos, se ha comprometido a revisar y simplificar el procedimiento de valoración del Sistema de Dependencia, del que dice que es diferente según la comunidad autónoma, así como a adecuar la cartera de servicios para que el sistema dé la misma respuesta a la atención a los dependientes sea cual sea la comunidad, a establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de las condiciones para que los cuidadores familiares puedan atender si quieren a sus dependientes.

Por otro lado, ha señalado que el espíritu de la ley de Dependencia incluía la creación de los puestos de trabajo y, lejos de crearse empleo en el sector en 2011, se han producido más de 8.300 bajas en la filiación de la Seguridad Social de profesionales de servicios sociales. Al mismo tiempo, ha puntualizado que en los cinco años de aplicación de la ley, el 63 por ciento de las altas han correspondido a cuidadores familiares.

Mientras, Carles Campuzano ha mantenido una visión "crítica" con la evolución en estos cinco años de la Ley de Dependencia, a la vez que ha criticado que el Gobierno del PP decidiera el pasado 30 de diciembre paralizar la entrada de nuevos dependientes al sistema. "Las dificultades de su aplicación se derivan de la burocracia, además de la invasión competencial que ésta supone. La Ley contemplaba un mecanismo de financiación que iba a ahogar a las comunidades autónomas y obligarlas a reducir otros gastos sociales", ha agregado.

El diputado de CiU ha incidido en que esa misma fórmula de financiación ha debilitado el contrapunto de esta política en términos de generación de ocupación. "La Ley ha quedado lejos de las expectativas que había generado en materia de empleo y que no está sirviendo para resolver las necesidades de los dependientes", ha alarmado.

Igualmente, ha advertido de que todas las medidas que se están emprendiendo están afectando al sector, que está "altamente preocupado que no están resolviendo la situación de las comunidades autónomas en la materia. "Hay que ser capaces de tener una política que responda a medio y largo plazo en este campo", ha solicitado a la ministra, ya que considera que esta normativa "era una buena oportunidad" para fomentar la vida de las personas dependientes.

Como ya adelantó Europa Press, el Gobierno ha iniciado esta semana reuniones a distintos niveles con las comunidades autónomas para estudiar el modo de reformar la ley a fin de "priorizar la atención a los más dependientes" frente a los leves, ya que "más del 50%" de las personas en lista de espera son de los citados grados II y III .

En un documento, el departamento de Mato expone seis razones por las que se proponen mejoras de la normativa actual, entre las que destaca el "desfase" entre las previsiones iniciales de la norma y sus resultados al cabo de un lustro, con 326.000 dependientes más de los previstos, y 2.700 millones más de coste sobre los presupuestados en 2007.

Los recortes los empezaron los socialistas

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, la ministra de Sanidad ha tenido que hacer frente a otra pregunta de la portavoz de Servicios Sociales del PSOE, Rosa Aguilar, sobre el desmantelamiento al sistema de Dependencia y en el que Mato ha insistido en que los recortes los inició el Gobierno del PSOE.

De hecho, ha insistido en que el desmantelamiento del sistema de Dependencia lo inició el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha afirmado que este Ejecutivo trabaja por reformarlo para garantizar la sostenibilidad de los dependientes.

Así las cosas, ha advertido a la socialista de que desde la puesta en marcha de la ley comenzaron los problemas y "los recortes" en la materia. "Fue un auténtico caos su puesta en marcha y no pasó mucho tiempo hasta que empezaron los recortes y muchas personas que quisieron acogerse a las prestaciones fallecieron antes de recibirlas", ha agregado, además de señalar que también se complicaron los accesos al sistema.

Rosa Aguilar, por su parte, ha reprochado a Mato que es "una vergüenza política" lo que está haciendo este Ejecutivo con la normativa, al recortar y negar el acceso a colectivos dependientes. "Ustedes lo que quieren es el repago y hacer un negocio privado", ha sentenciado.