Según ha informado en una nota UGT-A, fue este sindicato quien propuso esta medida al Gobierno de la Junta y al Grupo Socialista en el Parlamento andaluz al observar que "muchos trabajadores no reclamaban sus derechos porque les asustaban los posibles gastos".

Así, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha afirmado que los trabajadores que deciden finalmente poner la demanda, "deben afrontar el pago de una parte importante de lo que obtienen en sede judicial al abogado que les lleva la demanda".

De este modo, con esta enmienda que añade un artículo 15 tercero al decreto legislativo 1/2009, los trabajadores puedan deducirse en el tramo autonómico del IRPF hasta 200 euros de gastos de facturas de abogados por demandas en sede judicial como por despido o finalización de contratos y reclamación de cantidades".

Esta medida "acerca a la gratuidad el coste de las demandas de los trabajadores, en los supuestos mencionados", según Pastrana. Con esta iniciativa, y tomando los datos de las demandas de 2011, UGT calcula que puede llegar a suponerles un ahorro de ocho millones de euros; "lo que convierte en una realidad, a pesar de las circunstancias, que otra política económica y social es posible", ha indicado Pastrana.

"La política de Rajoy y los suyos no es, ni mucho menos, la única posible, medidas como la que ahora publica el BOJA convierten en una realidad la protección de los derechos de los ciudadanos", ha aseverado Pastrana.