En concreto, los sindicatos impugnan así la decisión del Alto Tribunal madrileño de desestimar el recurso interpuesto por los sindicatos demandantes contra la jornada de 37,5 horas semanales para personal laboral de la Comunidad de Madrid, fijada por la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del 28 de diciembre de 2011.

En un comunicado, los servicios jurídicos de CSIT Unión Profesional han puntualizado que van a continuar realizando "todas las acciones legales encaminadas al reconocimiento por parte de la Justicia, del abuso y la vulneración de algunos derechos en los que ha incurrido el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

El sindicato recuerda que dicha sentencia "señalaba que el Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, respeta las facultades de autoorganización de las diferentes Administraciones Públicas, así como el doble colectivo de personas (funcionarios y laborales) al servicio de esas Administraciones, dejando a la Comunidad de Madrid como única concesionaria de la potestad para legislar sobre la jornada de trabajo de su personal".

Además, ha destacado el voto particular de uno de los magistrados, que ampara la demanda al entender que debía haberse elevado cuestión de inconstitucionalidad "al Tribunal Constitucional". Según éste, "la Disposición Adicional 1ª de la Ley 6/2011 por la que se amplía la jornada del personal de la CM, vulnera claramente tanto el derecho a la negociación colectiva, previsto en el artículo 37.1 de la Constitución, como el derecho fundamental a la libertad sindical, artículo 28.1, contrariando, de este modo, la fuerza vinculante de los convenios colectivos", señala.

Por ello, el sindicato ha considerado "totalmente reprochable la aprobación unilateral por parte del Gobierno de la CM de medidas de este calado, hurtando el derecho a la negociación colectiva de sus legítimos actores".

Esta organización sindical ha lamentado que "la Administración regional siga este camino de deslegitimación de los representantes sindicales y de los trabajadores, de ausencia total de negociación colectiva, y de imposición legislativa de condiciones de trabajo que suprimen derechos adquiridos y pactados en convenios colectivos y acuerdos sectoriales".

Voto particular

Por su parte, UGT ha destaca en otro comunicado que en la argumentación del voto particular "se recuerda la normativa internacional sobre el derecho de negociación colectiva ratificada por el Estado Español convenios OIT- y de las numerosas directrices y principios contemplados por el Comité de Libertad Sindical de dicho organismo".

"El voto particular emitido, entiende igualmente que, la Disposición adicional citada supone una invasión por parte de la Asamblea de Madrid de una competencia exclusiva del Estado fundamentándolo en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional", señala UGT.

Por ello, el sindicato ha querido trasladar a la opinión pública "una realidad más que contrastable, el Gobierno regional aprobó unilateralmente la Ley donde se modificó sustancialmente las condiciones de trabajo de los empleados públicos madrileños (jornada laboral), y tras su aprobación, informó a las organizaciones sindicales de las medidas aprobadas".