Así pues, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tendrá sobre la mesa las propuestas concretas a las que refería este lunes, después de haberse mostrado dispuesta a hablar con los agentes sociales y los grupos parlamentarios de todas las materias que forman parte de la reforma laboral "sin exclusiones".
Las mismas fuentes indicaron que los gabinetes jurídicos de CC.OO. y UGT "se está trabajando en un documento definitivo", que incluirá "cambios de artículos".
No obstante, aún no es seguro que este texto esté listo para la reunión que mantendrán los sindicatos con el Grupo Popular en el Congreso de los diputados el próximo jueves, 23 de febrero, un encuentro que las centrales entienden más como "una toma de contacto".
En rueda de prensa, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, llamaron una vez más al Gobierno a abrir un debate con los interlocutores sociales "paralelo" al trámite parlamentario para "reformular" la reforma laboral vía enmiendas y evitar una "escalada" de la conflictividad social.
Durante el acto, Toxo avanzó que los sindicatos presentarían en la reunión del jueves al Grupo Popular "alternativas distintas" a su real decreto.
LA CEOE TAMBIÉN SE REÚNE CON LOS GRUPOS.
Por su parte, fuentes de la CEOE han indicado que los empresarios están "hablando (de su parecer sobre la reforma laboral) en las reuniones" con los Grupos Parlamentarios, pero que, de momento, no se ha presentado ninguna propuesta concreta de cambio de la reforma laboral. Su turno con el Grupo Popular será el miércoles, 22 de febrero, un día antes que los sindicatos.
No obstante, el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la Confederación, José Luis Feito, ha señalado que la reforma laboral es "incompleta" y ha sugerido la posibilidad de no permitir a los parados rechazar una oferta de empleo.
El presidente de CEOE, Juan Rosell, señaló la pasada semana que la patronal trataría de introducir durante el trámite parlamentario medidas para aumentar aún más la flexibilidad en el seno de las empresas y reducir por debajo de dos años el límite de la ultraactividad de los convenios (prórroga automática tras el fin de la vigencia de los convenios colectivos).
Asimismo, Rosell dejó caer la posibilidad de revisar la Ley de Huelga, pero fuentes de la patronal indicaron que esta última cuestión "no es urgente ahora mismo" y que, dada su naturaleza, debería abordarse "en una ley aparte".
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