Según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro, las pymes y autónomos que deseen reclamar alguna factura pendiente de pago, siempre que sea anterior a 2012, deberán entregar al ayuntamiento certificados individuales que pueden obtenerse de la página web del Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el certificado, que ha de ir firmado por el interventor del municipio en cuestión, tiene que figurar el nombre de la empresa o autónomo y el importe de la factura, así como aclararse si el proveedor ha recurrido previamente a los tribunales para exigir el pago de la deuda.

Serán las corporaciones locales las que deberán entregar dichos certificados al Ministerio entre el 1 y el 5 de abril y entre el 1 y el 5 de mayo para que puedan incluir esas facturas pendientes en los créditos del mecanismo de pago, en el que participarán la mayoría de los bancos españoles así como el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La intención del Gobierno es que los proveedores puedan empezar a cobrar a partir de mayo.

Casi dos millones de facturas pendientes

Cerca de 5.000 ayuntamientos españoles han presentado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 1,9 millones de facturas pendientes con proveedores por valor de 9.584 millones de euros, si bien el Gobierno ha dejado claro que este dato es provisional, precisamente debido a la posibilidad de que las empresas recurran.

Según consta en el listado enviado por las corporaciones locales, aproximadamente las dos terceras partes de las facturas afectan a pymes y autónomos. En concreto, casi 63.500 son de pymes y unas 50.200 corresponden a trabajadores autónomos.

A partir de ahora, los ayuntamientos tienen de plazo hasta el próximo 31 de marzo para entregar también su plan de viabilidad con el que hacer frente a la devolución de los créditos que pedirán dentro del plan de pago a proveedores.