En rueda de prensa para valorar esta medida "coyuntural y contoplacista" aprobada el pasado viernes, Lluzar advirtió de que el exento mínimo de 700.000 euros "no sólo afectará a las grandes fortunas", en contraposición al portavoz del Gobierno, José Blanco, quien asegura que "pagarán quienes más tienen".

"Si se dirige o no a la clase media dependerá del mínimo exento de las regiones", expresó en alusión a que serán las comunidades autónomas quienes tiene competencia para fijar esta cuantía.

"Si se quiere recuperar Patrimonio, intentemos ser serios y reactivémoslo en toda España", aseguró ante las amenazas de varias comunidades gobernadas por el PP de no recuperar este gravamen.

RIESGOS DE DESLOCALIZACIÓN DE EMPRESAS.

En defensa de una armonización fiscal, el presidente en funciones de GA subrayó que la diferente imposición puede llevar a la deslocalización de empresas y a "distorsionar" el mercado.

En contra de lo que consideraron un "sistema de parches", los gestores administrativos reclamaron una reforma "estructural" de los impuestos, acompañada de una lucha "decidida" contra el fraude fiscal. "Si queremos ayudar a ir hacia adelante no se puede dar un orden y una contraorden", lamentó sobre la suspensión de este gravamen y su reciente aprobada recuperación.

Como medida para estimular la creación de empresas, Lluzar propuso sustituir la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración sin ingresos por una bonificación de la misma cuantía a las empresas que contraten a estos desempleados.