El informe, realizado en colaboración con el IESE, Garrigues, Fremap y la Universidad Carlos III, concreta que la tasa de absentismo alcanzó el 3,9% en 2011, según cálculos a partir de la Encuesta de Coyuntural Laboral del Ministerio de Trabajo (ECL).

Sin embargo, la crisis económica ha provocado una mayor presencia de los empleados en sus puestos de trabajo por la reducción de las bajas de incapacidad temporal y, especialmente, por la disminución de las horas de vacaciones y festivos.

El informe precisa que, "paradójicamente, la reducción del absentismo en 2010 no se traduce en un aumento de las horas efectivas trabajadas en ese año", y es que mientras que las horas perdidas y pagadas cayeron un 5% en ese año, las efectivas sólo lo hicieron en un 0,2%.

Las comunidades que presentaron mayores tasas de absentismo durante el pasado año fueron Aragón y País Vasco, con un 5% de la jornada pactada efectiva, seguidas de Cantabria (4,7%), Asturias (4,6%) y Castilla y León (4,5%). En el lado contrario, se situaron Baleares (3,3%) y Andalucía, Canarias y Madrid, todas ellas con una tasa del 3,5%.

Por otro lado, el informe precisa que "el factor determinante de la tasa de absentismo es el de las horas no trabajadas por incapacidad temporal", y concreta además que el absentismo es más alto en empresas con mayor número de trabajadores (5,8%) frente a las más pequeñas (2,3%).

Causas y soluciones

Por otro lado, el informe precisa que "el absentismo es superior en aquellos países en los que la cobertura por enfermedad es más generosa o se obtiene con más facilidad", aunque concreta que, en el caso de España, ésta se reduce en el caso de los procesos gestionados por las mutuas de accidentes de trabajo.

Así, la duración media de los procesos de incapacidad temporal en 2010 fue de 48,1 días para aquellos gestionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mientras que los tramitados por las mutuas no superaron los 35,7 días.

Por ello, Adecco apuesta por que las mutuas tengan las mismas competencias que las entidades gestoras y que tengan la posibilidad de emitir decisiones directas de alta médica a todos los efectos.

Según señala, ello permitiría reducir los "alargamientos innecesarios" de las bajas médicas y el fraude, al reducirse las instancias intervinientes en los procesos. Además, las revisiones médicas de los trabajadores de baja serían realizadas por profesionales con formación específica en el tratamiento de bajas laborales.