El REAF-REGAF -órgano especializado del Consejo General de Economistas-, ha remitido a la Comisión de Expertos creada por el Consejo de Ministros en julio pasado, para la reforma del sistema tributario, un documento en el que hace un diagnóstico de la situación actual, reflexiona sobre la misma y propone 75 medidas para orientar la reforma.

Los Economistas constatan que la crisis ha hecho disminuir la recaudación tributaria en mayor medida que el PIB, por lo que se ha producido una bajada de la presión fiscal, de 2007 a 2011 de 5,7 puntos porcentuales, muy por encima de la experimentada en la UE, que fue del 0,6%. Como reacción a lo anterior, desde 2010 se han subido los tipos impositivos, con unos discretos resultados recaudatorios. Un sistema tributario que, en su opinión, se caracteriza por una "gran complejidad, lo que conlleva costes de gestión, inseguridad jurídica y litigiosidad, y una gran distancia entre tipos nominales y efectivos".

Los asesores fiscales del Consejo de Economistas coinciden con la mayoría de los expertos en que a un sistema fiscal se le debe pedir, además de suficiencia, neutralidad para no lastrar el crecimiento económico que España necesita.

Además, ponen encima de la mesa las restricciones en las que se enmarca la reforma: "un escenario de crisis, cuya peor secuela es la magnitud del paro; una organización administrativa con tres niveles; que nuestra economía es una de las de la UE y está globalizada; el envejecimiento de la población; el pequeño tamaño de nuestras empresas; y el nivel de fraude fiscal que arrastramos", señalan.

Por ello, el REAF propone lo siguiente:

-La reforma debería ser profunda y de todo el sistema tributario en su conjunto, aunque debido a las restricciones existentes podría llevarse a cabo de una manera gradual.

-Se ha de imponer la simplificación de las normas tributarias y la estabilidad de las mismas.

-En cuanto al IRPF, se propone mantener un impuesto dual, la rebaja de marginales máximos, deflactación automática de la tarifa y limitar los incentivos para dejar alguno relativo al trabajo, especialmente para madres con hijos menores y a la previsión social.

-En el Impuesto sobre Sociedades: continuar con una base imponible calculada a partir del resultado contable con muy pocos ajustes, simplificación de amortizaciones, subcapitalización y reducción de regímenes especiales.

-Para potenciar el incremento del tamaño de las empresas, se puede pensar en aplicar un tipo más bajo a las empresas de reducida dimensión solo por el incremento de base respecto al ejercicio anterior o vincularlo al incremento de plantilla.

-Rebaja del tipo general de Sociedades y supresión de la mayor parte de las deducciones y bonificaciones, excepto de las relativas a la Inversión de beneficios y a las actividades de I+D+i.

-En el IVA se propone estudiar la eliminación de algunas exenciones y de operaciones a tipo reducido, revisando los regímenes especiales.

-La financiación autonómica debería ser más transparente, reforzar el principio de lealtad institucional y, en cuanto a impuestos propios o cedidos, armonizar hasta cierto punto la tributación medioambiental, la del Patrimonio y la de Sucesiones y Donaciones, en caso de que se decida que tienen un lugar dentro del sistema tributario, suprimiendo las modalidades de Actos Jurídicos Documentados y de Operaciones Societarias del ITP y AJD.

-En la tributación local convendría suprimir el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, coordinar el IBI, en su caso, con el Impuesto sobre el Patrimonio y armonizar las tasas que se aplican más frecuentemente.

-Por lo que respecta al fraude fiscal y a las Administraciones tributarias, se sugiere concienciar a los ciudadanos desde el sistema educativo, difundir los criterios interpretativos de la Administración, incrementar los recursos humanos de las Administraciones tributarias, no introducir más obligaciones formales y fortalecer una Agencia tributaria estatal independiente y con información centralizada, si bien explorando la vía de los Consorcios con las Agencias tributarias de las CCAA.