El debate sobre la reforma de la planta local se ha ido acelerando de manera inusitada desde la crisis económico-financiera que se desencadenó a partir de 2007, al poner el foco en la contención del déficit público. Ello ha hecho pensar en la necesidad de una recomposición territorial radical a través de las fusiones de niveles jurisdiccionales de gobierno, así lo señala el Consejo General de Economistas en un comunicado.

A este respecto, Luis Caramés explicó que, en la práctica, por elemental que pueda parecer este proceso, es "traumático", arrastrando elevados costes de negociación, lo que lo convierte en una solución que, a corto plazo, quizá no sea la más óptima. "El apego identitario de los ciudadanos con sus instituciones más cercanas hace que el redimensionamiento por medio de fusiones requiera estrategias específicas muy medidas. Además, tampoco los resultados de los últimos estudios empíricos son capaces de evidenciar claras ganancias de eficiencia y reducción de gasto en muchos procesos de fusión", afirmó por otra parte el también catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago de Compostela.

A su modo de ver, en un primer momento –y como paso previo a la fusión–, sería preferible adoptar las fórmulas de colaboración o cooperación interjurisdiccional que mejor se adapten a las circunstancias de cada caso. En definitiva, "la cooperación puede suponer el peldaño intermedio que permita gestionar los servicios públicos de manera eficiente y ordenar el territorio, de tal manera que contribuya al desarrollo económico y a la eficiencia", señaló Caramés.

Por su parte, María Cadaval, profesora de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago de Compostela –quien también intervino en la presentación del Informe editado por el Consejo General de Economistas–, señaló que "resulta imprescindible replantearse la lógica y la praxis de la cooperación local en nuestro país". Y añadió: "La experiencia del asociacionismo municipal en España no ha dado los frutos previstos: las mancomunidades presentan importantes dificultades en su gestión –entorpecida, en parte, por la forma de representación de sus miembros–; las comarcas no han resultado eficientes en la prestación de servicios públicos; los consorcios tiene una legislación muy confusa; las áreas metropolitanas adolecen de autonomía financiera, y las diputaciones provinciales carecen de atribuciones competenciales y financiación propias, lo que redunda en una elevada ilusión fiscal que lleva consigo un exceso de demanda de bienes y servicios públicos locales".

En opinión de Valentín Pich, "estos planteamientos asociativos no van en la dirección deseada, pues los agentes aglomerados que crean no cuentan con su propia financiación, sino que se conciben como receptores de fondos procedentes de otros niveles de Gobierno, lo que ya de por sí añade ilusión fiscal, que es uno de los aspectos que se pretende evitar". El presidente del Consejo General de Economistas añadió: "Además, no se garantiza la buena administración, al no contemplarse la necesidad de reducir los ingresos locales en la misma proporción que aumentan los supralocales, lo que puede hacer que, en la práctica, los contribuyentes acaben asumiendo mayores costes, en lugar del pretendido ahorro".

En la actualidad, cuando más del 80% de la población de la Unión Europea reside en áreas urbanas, ha renacido el debate sobre la política que ha de aplicarse para las grandes ciudades y sus áreas circundantes sin que exista una respuesta unánime a la necesidad de encontrar las fórmulas que garanticen un gobierno eficaz y eficiente. "En este espacio, en el que se asienta la mayor parte de la población, es necesario tomar decisiones urgentemente. No es preciso sembrar el país de áreas metropolitanas o aglomeraciones urbanas, pero es necesario empezar a utilizar elementos de persuasión que hagan funcionar la intermunicipalidad, manteniendo el escalón de proximidad para algunas cosas que se pueden resolver bien a este nivel", señaló Caramés.

Los representantes del Consejo General de Economistas concluyeron la presentación reiterando la urgente necesidad de definir un cambio de modelo organizativo adaptado a los nuevos tiempos que permita paliar las deficiencias estructurales de los municipios españoles, y que contribuya al desarrollo económico y a una más eficiente gestión de los servicios a los ciudadanos. "Para que la cooperación intermunicipal funcione y se gestione de manera eficaz y transparente es fundamental clarificar las competencias municipales y evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa de la administración local –de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera– y llevar un control financiero y presupuestario más riguroso", destacó Pich, quien, por último, también resaltó que "otro requisito clave es que quienes gobiernan las Administraciones locales tengan una actitud de colaboración con los municipios vecinos, independientemente de quien los gobierne. Si se cumplen los pronósticos de las encuestas sobre los resultados de las elecciones municipales y el voto está más repartido entre partidos de diferente signo, nuestros gobernantes municipales habrán de saber estar a la altura para poner en marcha y gestionar proyectos en común".