El Consejo General de Economistas ha presentado un informe sobre las refinanciaciones y el tratamiento de las insolvencias empresariales en la recuperación económica. Que ha sido elaborado por el Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR), órgano especializado de dicho Consejo.

El objetivo de este informe es realizar una reflexión global sobre las insolvencias en nuestro país, que pueda servir de ayuda al tejido económico-empresarial no viable, para facilitarle una salida –y, en caso de liquidación, que la misma sea ordenada–, y potenciar estructuras de refinanciación empresarial sostenibles y duraderas, tratando de minimizar las externalidades negativas a la sociedad que inevitablemente se derivan de estos procesos.

Durante la presentación, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, señaló que "en la actual coyuntura económico-social, todo lo que hace referencia a marcos de empresas en dificultades se convierte en un asunto de índole estratégica; de ahí la oportunidad de abordar este informe, que coincide asimismo con un momento de cambios que se vienen anunciando en el ámbito de la refinanciación y en el área concursal, y en un marco en el que los principales indicadores económicos, de diferentes organismos, apuntan a un probable cambio de tendencia".

En este trabajo, los expertos del REFOR advierten que resulta necesario conjugar los planteamientos identificados en el informe de estabilidad financiera de noviembre del Banco de España con políticas de reactivación del consumo privado y de la inversión, y todo ello a partir del freno consecuente de la destrucción de empleo y de tejido productivo.

El mencionado Informe del Banco de España plantea cómo las situaciones de refinanciación y reestructuración concedidos por las entidades financieras a finales del 2013 alcanzaban una estructura en el entorno de los 180.000 millones de euros, cifra que llevada a los acontecimientos acaecidos hasta febrero del 2014 bien puede situarse más allá de los 200.000 millones de euros. A este respecto, el presidente del REFOR, Leopoldo Pons indicó que "si tenemos en cuenta que el crédito de las empresas se sitúa, siempre en estas fechas, en el entorno de los 647.000 millones de euros de préstamos recibidos de entidades de crédito residentes, es fácil comprobar que estos mecanismos de urgencia y de necesidad que alcanzan al 30% del crédito bancario a las empresas, juegan un papel estratégico dominante". Así mismo, el estudio elaborado por los economistas indica que "las condiciones de dificultad sobre las que –todo parece indicar– vamos a tener que seguir trabajando en el periodo 2014-2016 incorporan una alerta respecto de la viabilidad de gran parte de las refinanciaciones acordadas y una parte significativa de las refinanciaciones aprobadas y es razonable pensar que hará falta en este contexto una revisión en profundidad de los plazos y condiciones pactados".

El informe analiza también los motivos del bajo rendimiento que la solución concursal española está aportando al problema de las insolvencias. Así, según los expertos del REFOR, el principal problema del tratamiento de las insolvencias en España radica en que las solicitudes de la declaración de concurso y, consecuentemente, la correspondiente declaración del mismo, en su caso, están muy lejos en número y momento procesal de lo que la ley exige. Con ello la calidad de los concursos desde su óptica jurídica y económica es muy baja, los casos de insolvencia que llegan a declararse en concurso de acreedores lo hacen extraordinariamente tarde y, además, el propio número de los mismos está muy por debajo de los que deberían estar, situándonos probablemente ante una cifra menor al 20 por ciento de los casos reales, y ello excluyendo a las personas físicas del cómputo. El problema no estaría radicado en la mejor o peor cultura concursal, sino en el papel como acreedores que las entidades financieras y administraciones públicas desempeñan en este proceso, al encontrarse en situaciones de singularidad privilegiada respecto del resto de trabajadores y acreedores, y huir, en consecuencia, de negociaciones en pie de igualdad con el resto, así como también en la falta de competencia por parte de los registros mercantiles de poder instar los concursos ante la información manifiesta que se tiene en esta sede.

De ahí que el Registro de Expertos en Economía Forense del Consejo General de Economistas considere justificado el debate actual que reclama una nueva, completa y profunda reforma, que tenga en cuenta la experiencia reciente de la crisis económica, que debería girar en torno a cuatro ejes básicos: búsqueda de la viabilidad y recuperación de las empresas –y, en caso de que ésta sea inevitable, potenciar la liquidación rápida y en las mejoras condiciones posibles–; seguridad jurídica en los procesos de refinanciación; garantía y confianza para las partes –especialmente de los acreedores–; y agilidad de los procedimientos.

Así mismo, consideran necesaria una regulación más completa de la refinanciación, en beneficio del patrimonio tanto de deudores como de acreedores. A este respecto, Valentín Pich señaló que "las perspectivas temporales de la recuperación económica vislumbran un 2014 e inmediatos siguientes que, aun siendo favorables, no evitarán las dificultades tanto de crecimiento económico como del ámbito financiero en particular, por lo que es de suponer que el marco de la refinanciación ahora en stock tendrá que revisarse nuevamente, incorporando fórmulas de flexibilización y de viabilidad a lo ya concedido". Por su parte, Leopoldo Pons añadió "desde luego el reto de las refinanciaciones y de las soluciones para o extra concursales son de primer nivel en todos los esfuerzos y motivaciones a la hora de abordar esos cambios reguladores".