Los ayuntamientos que se acojan al plan de pago a proveedores deberán detallar en sus planes de ajuste qué partidas de gasto contemplan reducir, entre las que se encuentran el recorte de personal o la reducción de los salarios del mismo, según el ‘Modelo de Plan de Ajuste’ publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estos ayuntamientos están obligados a presentar antes del 30 de marzo al departamento de Cristóbal Montoro un plan de ajuste en el que deben detallar los ingresos y los gastos previstos hasta el año 2022 y demostrar que sus cuentas serán viables hasta entonces.

En el formulario que Hacienda les ha enviado figura un conjunto de posibles medidas que pueden adoptar y, entre ellas y por el lado del recorte de gastos, figura la reducción de costes de personal, tanto reducción de sueldos como de efectivos, así como posibles medidas de ahorro en el régimen retributivo de las empresas públicas o la limitación de salarios en la alta dirección.

Asimismo, figuran otras medidas de ahorro de gasto como la reducción del número de consejeros de administración de las empresas del sector público, reducción del número de personal de confianza, contratos externalizados que pueden ser prestados por el personal municipal actual, disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas, reducción de celebración de contratos menores o la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

Ahorrar costes por la menor indemnización por despido

El formulario también contempla las nuevas implicaciones de la reforma laboral y una de las medidas de ahorro que figuran es si los ayuntamientos prevén aplicar la regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso, dando así por hecho que el nuevo coste por despido es inferior tras dicha reforma.

Por el lado de los ingresos, los ayuntamientos tienen que especificar si tienen previsto elevar los impuestos, suprimir exenciones o bonificaciones voluntarias, adoptar medidas para reforzar la recaudación ejecutiva y voluntaria o potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.

También deberán publicar anualmente en las memorias de las empresas las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos, así como una estimación realista de los derechos de dudoso cobro.

Por último, Hacienda pide en el plan de ajuste que tendrán que enviar los ayuntamientos el detalle de la financiación de los servicios públicos prestados hasta el año 2022, como el abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado, de recogida de basuras, de tratamiento de residuos, saneamiento, servicios hospitalarios, sociales y asistenciales, educativos, deportivos o culturales, entre otros.