En un comunicado conjunto, el Consejo General de Economistas, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Consejo Superior de Titulares Mercantiles de España, advierten de la quiebra del consenso que logró la ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados.
Además, consideran "especialmente grave" que eso se produzca cuando las Cortes están disueltas, aseguran que el texto del reglamento no concuerda con la realidad práctica que está manado a ordenar y señala que el proceso utilizado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría contraviene el artículo 24 de la ley del Gobierno.
A su parecer, no se han cumplido las garantías de trámite de audiencia y no se ha recabado el parecer de algunos departamentos y organismos ajenos al Ministerio de Economía, como el Ministerio de Educación, el Consejo Económico y Social y, sobre todo, la Comisión Nacional de la Competencia.
Así, concluyen que el reglamento se ha tramitado con una "premura injustificada" que ha perjudicado "considerablemente" la calidad de la norma y lamentan que los perjudicados sean los auditores de cuentas y la sociedad en su conjunto, que reconoce los informes de auditoría como un instrumento imprescindible para la confianza en los mercados.
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