Más de 500 auditores están celebrando en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid, su encuentro anual, en el que analizarán y debatirán diferentes aspectos de la actualidad del sector de la auditoría. El acto ha sido organizado por el REA+REGA Auditores, órgano especializado del Consejo General de Economistas.

Los auditores del Consejo General de Economistas aprovecharon este encuentro para hacer un diagnóstico de las más recientes normas legales y desarrollos reglamentarios –publicados o en trámite– en materia de transparencia, contabilidad, auditoría e información financiera.

En esta ocasión, el análisis realizado por los auditores del REA+REGA –corporación que agrupa al 60% de los auditores de nuestro país– se centró en el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que será aprobado hoy por el Pleno del Congreso de los Diputados –previsiblemente sin apenas cambios con respecto al texto que se remitió al Senado–, y en el Reglamento de la Ley de Auditoría.

En relación al Proyecto de Ley de transparencia, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, destacó en su intervención que "aún reconociendo los avances que contiene esta ley, que son muchos, se ha perdido una importante ocasión para implementar mecanismos de transparencia más eficaces en entornos que operan con fondos públicos, especialmente en corporaciones locales y en el tercer sector". "Aún así, confiamos en que muchas de estas deficiencias se corrijan en próximos desarrollos normativos", añadió.

El diagnóstico realizado en este sentido por los auditores del REA+REGA del Consejo General de Economistas se puede resumir en los siguientes puntos:

Que la información económica, presupuestaria y estadística de las instituciones se haga pública, resulta muy positivo, especialmente lo relativo a contratos, subvenciones y ayudas públicas, retribuciones de altos cargos, presupuestos, y cuentas anuales. Con esta medida introducida por la Ley de transparencia, se conseguirá reducir la opacidad de las instituciones, favoreciendo el fortalecimiento de las mismas, lo que redundará en una mayor confianza de la ciudadanía, variable ésta que resulta fundamental para el crecimiento económico.

Aún así, el REA+REGA considera que el legislador debería haber tomado medidas para mejorar la calidad y la transparencia de la información suministrada por las entidades y administraciones públicas, girando, como mínimo, en torno a dos ejes: el establecimiento de la obligación anual de someter a auditoría a los municipios de cierto tamaño, delimitado a partir del número de habitantes, el presupuesto y los gastos de personal –más de 5.000 habitantes, que tengan un presupuesto superior a 7.000.000 euros y que tengan un gasto de personal igual o superior al 25% de los gastos corrientes–, y la ampliación del ámbito de aplicación de esta nueva Ley a las sociedades mercantiles en que participen de alguna manera, directa o indirectamente, en el capital social Administraciones Públicas.

En cuanto a las organizaciones del tercer sector (fundaciones, ONGs, entidades deportivas, etc.), el REA+REGA considera que éstas deberían ser sometidas a la realización de auditorías externas siempre que reciban subvenciones. Así mismo, deberían tener la obligatoriedad de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, como cualquier otro tipo de sociedad.

En cuanto, al Reglamento de la Ley de Auditoría y su posible reforma, Carlos Puig de Travy y Lorenzo Lara, copresidentes del REA+REGA Auditores, coincidieron en destacar el papel del auditor individual y de las pequeñas y medianas firmas de auditoría. "El reglamento introdujo algunas medidas que pueden desencadenar la liquidación de muchas de estas empresas, como la relativa a las incompatibilidades por porcentajes de honorarios", señaló el primero. "Que una firma tenga menos volumen no significa que sus estándares de calidad sean menores", añadió el segundo.

A este respecto, los auditores del REA+REGA hicieron las siguientes consideraciones:

Uno de los aspectos más relevantes que se plantean en relación con el Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC), que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC), es el que hace referencia a las "Incompatibilidades por porcentajes significativos de honorarios" que se aborda en el artículo 49.8 del mencionado reglamento.

Los porcentajes señalados en dicho artículo (40% para los tres primeros años de actividad y cumplidos esos años el 15% como regla general y el 20% para auditores personas físicas y sociedades de auditoría con menos de seis socios) son excesivamente bajos, provocando una concentración forzada del mercado (renuncia de clientes de mayor facturación impidiendo el crecimiento de estas firmas, desaparición de auditores y sociedades de auditoría de pequeña dimensión) y el abandono de auditores suficientemente formados con el consiguiente perjuicio para el futuro del sector.

La propuesta del REA+REGA a este respecto sería aumentar el porcentaje al 40%, de modo que se garantice la independencia pero sin obviarse la calidad y la competitividad. Esto no significa que por debajo de dicho porcentaje no sea necesario un juicio profesional razonable sobre la independencia, ya que en ese caso resulta procedente el análisis de las amenazas y, en su caso, de la adopción de medidas de salvaguarda.

También la consideración de empresa de interés público (artículo 15 RAC) a todas aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a 200 millones de euros o tengan un mínimo de 1.000 empleados –además de las entidades cotizadas, instituciones de inversión colectiva, sociedades de garantía recíproca y fondos de pensiones–, se traduce para el pequeño auditor y pymes de auditoría la obligación de presentar un Informe de Transparencia similar a las memorias corporativas de las compañías cotizadas.

Consecuencia de todo ello y del actual entorno de crisis, es el desarrollo de estrategias por las pequeñas y medianas firmas de auditoría para poder afrontar esta compleja situación, a través de la creación de las denominadas redes de auditoría, como fórmula para la obtención de economías de escala, compartir tanto beneficios como costes y así dar cumplimiento a ciertas obligaciones reglamentarias. Si bien, a fecha de hoy, el ICAC debe precisar aún más la figura de la red de auditoría en cuanto sus obligaciones se refiere.