La organización argumenta que al igual que la mayor parte de empresarios privados han tenido que recortar gastos para salvar sus empresas y se han visto obligados a usar medidas "drásticas" como la aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE), "el Gobierno también debería hacer lo mismo, desde las bases hasta las más altas esferas".

Asefiget entiende que con esta reestructuración no sólo se reduciría el gasto público, sino que, además, "los nuevos mandatarios empezarían a adquirir legitimidad moral a la hora de exigir al contribuyente nuevos sacrificios".